SUÁREZ Y EL CONSENSO LABORAL

Han transcurrido más de tres décadas desde que Adolfo Suárez asumió la dirección del Gobierno de la nación y, a pesar del dilatado tiempo pasado, su presencia resulta bastante viva, y por ello, para las generaciones que lo vivimos, difícilmente es mera historia. Su gestión y las de quienes participaron directa o indirectamente en la misma han dejado una profunda huella, de modo que apenas nos detengamos a analizar la actual realidad política, jurídica y social, resulta relativamente fácil percibir el impacto que ha tenido.

Dejando al margen la evidente trascendencia de la elaboración del texto constitucional de 1978, dos grandes hitos marcaron las relaciones laborales del periodo de Gobierno de Suárez: la consecución de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977 y la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de marzo de 1980. El primero de ellos se abordó en un más que complejo escenario, en el que aún no estaba resuelto el dilema de si las nuevas Cortes iban a abordar un proceso constituyente; al mismo tiempo, se vivían momentos bien difíciles desde el punto de vista económico, con tasas de inflación alarmantes. Tales pactos implicaban amplios y detallados acuerdos tanto en el ámbito de la construcción del nuevo modelo democrático como de actuación estructural sobre la economía y el mercado de trabajo, con concretas medidas en este último terreno.

El segundo de los hitos, el Estatuto de los Trabajadores, bien es sabido que constituye el pilar normativo de referencia del sistema de relaciones laborales en nuestro país, de modo que, a pesar de las múltiples reformas a las que se ha sometido durante toda su vigencia, contiene elementos inmutables que constituyen la base de nuestro modelo laboral y que siguen siendo seña de identidad en este ámbito.

En el análisis de los contenidos materiales de esos dos grandes hitos de intervención del periodo de Adolfo Suárez podrá discreparse respecto de sus aportaciones positivas o menos de los intereses en juego y de la evolución de nuestra economía y de la calidad del empleo; hay luces y sombras, pero por encima de todo aparece un elemento de indiscutible valía, que por sí solo merece el aplauso unánime: la voluntad de gestionar esas políticas de reforma desde el consenso, y la construcción de un modelo laboral en el que la inmensa mayoría de sus protagonistas pudieran sentirse mínimamente cómodos y con instrumentos efectivos para la defensa de sus respectivos objetivos. Desde luego, concurría un elemento coyuntural que le forzó a hacerlo así -la ausencia de mayoría parlamentaria-, pero sobre todo había un convencimiento personal de que sólo por la vía del consenso se podían acometer las medidas políticas y económicas de envergadura que requerían el momento.

Los pactos de la Moncloa se cerraron sobre la premisa básica de que era inexcusable lograr el apoyo de todos los partidos políticos que representaban a la oposición democrática, buscando en paralelo la complementaria aprobación de las organizaciones sindicales y empresariales representativas del país. El Estatuto de los Trabajadores en su versión original es el resultado de un intenso esfuerzo de consenso en el curso de su tramitación parlamentaria, que desemboca en su aprobación con el apoyo directo de los principales grupos parlamentarios, comenzando por los dos grandes partidos políticos que en un contexto de reforzado bipartidismo se preveían iban a alternarse en el poder durante las siguientes décadas, como así ha sido hasta el momento presente. Más aún, la concreta regulación sobre importantes aspectos, en concreto sobre la negociación colectiva, fue una simple incorporación a su texto del Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 firmado por la patronal CEOE y el sindicato UGT. Todo ello fue fruto de un ambiente general, de la colaboración de muchos, pero el impulso y convencimiento de Suárez fue decisivo para facilitar el discurrir del proceso político y económico en esas claves de consenso.

No cabe añoranza del pasado y mucho menos esperar que se repitan las mismas prácticas políticas y sociales de entonces, entre otras razones porque aquéllas se produjeron en un contexto irrepetible y de manifiesta excepcionalidad; incluso habría que afirmar que su pervivencia sería, de hecho, contraria a las lógicas de las mayorías propias de cualquier sistema democrático. Pero siempre es útil aprender de las buenas prácticas del pasado. También lo es saber que la voluntad de Suárez fue imprescindible para que nuestro modelo de relaciones laborales alcanzara cierta estabilidad, un modelo basado, para comenzar, en niveles muy reducidos de conflictividad. Y, sobre todo, resulta oportuno recordar que el intenso desarrollo que ha venido adquiriendo la concertación laboral durante largas décadas, de fuerte protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con resultados indudablemente positivos, se debe al asentamiento de una cultura del consenso laboral que hoy todavía perdura, por mucho que la confrontación política se desarrolle conforme a claves divergentes. A él se lo debemos y es de justicia reconocerlo en estos momentos.

Publicado en Diario de Sevilla el 24 de marzo de 2014

LA FINANCIACIÓN SINDICAL

Los sindicatos han crecido en su estructura interna, en la medida en que han desplegado funciones imprescindibles tanto a través de la consulta en las empresas, la negociación colectiva, la participación institucional, así como la concertación social. Ello les ha convertido en instituciones centrales de nuestro sistema político y para el desarrollo del modelo democrático de relaciones laborales, por mucho que requieran de un proceso importante de renovación y adaptación a los nuevos tiempos.  Lo anterior no puede ocultar las dificultades por las que están pasando. Para empezar, la sociedad que vivimos es mucho más plural y diversa respecto de lo que era en el pasado. Este fenómeno también está muy presente en lo laboral: la conformación de la población trabajadora se ha vuelto mucho más heterogénea, de manera que hay ciertos grupos a los que resulta difícil integrar en el seno de los sindicatos.

De otra parte, el sistema legal de determinación de la representatividad sindical sobre la base del resultado de las elecciones a comités de empresa proporciona grandes dosis de objetividad al respaldo que por vía del voto recibe cada sindicato, otorgándoles una elevada legitimidad para actuar como interlocutores. Sin embargo, al propio tiempo, ese sistema desincentiva el esfuerzo de captación de afiliados, no sintiendo los trabajadores la necesidad de afiliarse por cuanto que entienden que su apoyo lo conceden por vía del voto, ni tampoco las organizaciones sindicales la necesidad de incrementar su afiliación como instrumento de legitimidad social.

Asimismo, se constata a través de las encuestas de opinión la presencia de una fuerte crisis institucional, que determina un desprestigio generalizado de la práctica totalidad de las instancias que articulan el tejido social y la estructura política. Nadie queda al margen de este proceso de erosión en la opinión pública; tampoco los sindicatos están exentos de sufrir ese desapego social frente a los canales institucionales a través de los cuales se resuelven los conflictos y gestionan los procesos de reestructuración empresariales.

El propio sistema de financiación de las organizaciones sindicales, que en un inicio les permitió crecer con rapidez y ser eficaces en el desarrollo de sus funciones, con el paso del tiempo les ha jugado una mala pasada, provocando un efecto boomerang ciertamente negativo. Todas las organizaciones políticas, sociales, cívicas, culturales y religiosas han podido actuar materialmente gracias a una intensa financiación pública. Los sindicatos no han sido ni una excepción ni han recibido fondos con desproporción respecto a lo que se ha hecho con los demás. Incluso el reconocimiento constitucional del rol que corresponde en primera línea a partidos políticos (art. 6 CE) y a sindicatos y organizaciones empresariales (art. 7 CE) justifica sobradamente la pervivencia de un sistema de financiación pública de tales organizaciones. El problema deriva del desequilibrio que ello ha provocado, de la ausencia de otras fuentes de ingresos que representen un porcentaje elevado de su financiación. A tenor de ello, parece razonable que se tienda hacia un menor peso de la financiación pública y otro mayor de las aportaciones de afiliados y trabajadores no afiliados.

No obstante, sería inviable y nada razonable pensar que los sindicatos, ni en la actualidad ni en el futuro, se puedan financiar exclusivamente con cargo a las cuotas sindicales. Los sindicatos en nuestro sistema constitucional representan no sólo a sus afiliados sino al conjunto de los trabajadores, desempeñando funciones claves de actuación en el ámbito de lo público que justifican la financiación pública. Ahora bien, dicha financiación se ha producido hasta el presente a través de canales muy diversos, en ocasiones no exenta de discrecionalidad administrativa, sin el establecimiento de un régimen jurídico que se base sobre procedimientos objetivos, sometidos a mecanismos de control homogéneos ni de suficiente transparencia; circunstancias todas ellas que no puede ocultarse han provocado una dejación administrativa en la rigurosidad de los controles, que en ocasiones ha dado lugar a usos irregulares y desviados de las subvenciones, que lógicamente exige la debidas exigencias de responsabilidad ciudadana más allá de las estrictamente judiciales y administrativas.

Con vistas al futuro, se hace necesaria la aprobación de una Ley a nivel estatal, como de las correlativas autonómicas, que regulen el sistema de financiación de los sindicatos. Se trataría de una regulación con rango de Ley, que completase a la vigente Ley sindical, que estableciese unos criterios predeterminados de financiación, un mecanismo de control de tales fondos públicos y, en definitiva, de transparencia en el correspondiente modelo. La necesidad de estas Leyes no es menor, pues sería la única forma de garantizar la imprescindible racionalidad y corrección del modelo, al tiempo que se mantenga el modelo de Estado social a salvaguardar frente a escenarios de indudable tensión institucional.

Publicado en el Diario de Sevilla el 16 de febrero de 2014

NUBARRONES SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La conjunción de los efectos de la crisis económica y de la reforma laboral está provocando un panorama bastante preocupante del desarrollo de la negociación colectiva. Empiezan a conocerse ciertos datos que confirman lo que se intuía, por mucho que desde esferas oficiales se pretendieran negar. Algunos datos pueden presentar un carácter más coyuntural, si bien el gran interrogante es si, por la profundidad de las reformas legales, económicas y sociales, discurran corrientes subterráneas que estén socavando los cimientos del sistema y afectando a piezas vitales de su funcionamiento.

El hecho más conocido es la devaluación interna provocada por una notable pérdida del poder adquisitivo de los salarios, incluso una reducción en valores absolutos de los salarios pactados en los convenios. Podría aceptarse que ello es resultado natural de la evolución de la economía, de la destrucción del empleo, de la presión para incrementar la competitividad, de la contención de la inflación, de la propia reforma laboral. La preocupación no es tanto la tendencia a la moderación retributiva, que avalan incluso los Acuerdos interprofesionales celebrados entre sindicatos y patronales, como la contundencia y prolongación en el tiempo del fenómeno. La clave se encuentra en el equilibrio de las medidas, pues los excesos no compensados provocan efectos perversos que acaban contaminando negativamente todo el sistema. Lo preocupante es el círculo vicioso de provocar el incremento de los trabajadores pobres, el colapso del consumo interno, el impago de las deudas pendientes y el daño colateral al propio saneamiento bancario.

Incluso pensando en una posible recuperación del crecimiento, en que será posible recomponer en parte la situación hacia una razonable suficiencia de los salarios, lo más preocupante es que por la fuerte tensión que se ha concentrado sobre la negociación colectiva hayamos tocado ciertos elementos vitales del sistema, que dejen secuelas difíciles de restaurar.

Así, lo más llamativo de los datos publicados es la fuerte caída del número de trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación de los convenios, lo que podría suponer la presencia de importantes vacíos, donde la negociación colectiva no funciona y no puede desempeñar su función natural de regulación con homogeneidad de las condiciones de trabajo. Uno de los rasgos definitorios de nuestro sistema, la alta tasa de cobertura de la negociación colectiva, abarcando a la inmensa mayoría de los trabajadores, parece que viene a menos. Aunque no sea fácil de cuantificar su intensidad, parece que algo se está alterando en lo que hasta ahora constituía regla central de nuestro modelo y que puede tener mucho impacto para cierto tipo de trabajadores que se verían abandonados a una “negociación” meramente individual.

Otro elemento que puede erosionar el modelo es una actitud subyacente en algunas de las últimas reformas de desconfianza del legislador hacia la negociación colectiva. Frente a un modelo durante décadas de fuerte colaboración entre la legislación y los interlocutores sociales a través de los convenios colectivos, parece que se rompe ahora; como si el legislador no se fiara y presumiera que la negociación colectiva le va a jugar a la contra, la expulsa del terreno de juego. Este tipo de estrategias al final dan malos resultados, porque por mucho que se cierren puertas, el aire acaba entrando por la ventana. Por ello, siempre es mejor tener en cuenta que en materia laboral es muy difícil jugar a la contra, porque el resto de los protagonistas con su no colaboración pueden reventar lo que se pretende imponer desde el BOE.

Finalmente, no podemos desconocer que el desarrollo generalizado de la crisis no se ha circunscrito al ámbito de lo económico, sino que por su profundidad está afectando al conjunto del modelo institucional. La consecuencia más palpable es que todas las organizaciones sociales e instituciones públicas sufren un proceso de enorme desgaste en el prestigio y reconocimiento ciudadano, como muestran todas las encuestas sociológicas. A ello no escapan tampoco las organizaciones sindicales y empresariales protagonistas durante décadas de nuestro sistema de relaciones laborales. Por ello, el reto al que se enfrentan es muy superior, debiendo unas y otras reflexionar acerca de cómo se estructuran internamente, cómo se financian económicamente, cómo eligen a sus dirigentes, cómo conectan con sus representados, cómo desempeñan sus funciones y acaban asumiendo sus responsabilidades. Desde luego sería todo un disparate descalificar tanto a estas organizaciones como a las personas que las integran, ni pensar que es concebible un modelo alternativo de relaciones laborales sin un fuerte protagonismo de organizaciones capitales y básicas para un funcionamiento democrático y equilibrado socialmente del modelo, como son las actuales patronales y sindicatos más representativos. Pero lo que tampoco cabe es esperar a que escampe el temporal, pensando que no es necesario cambiar nada.

Publicado en Diario de Sevilla el 18 de noviembre de 2013

PENSIONES SOSTENIBLES

EL sistema público de pensiones adquiere un carácter central en una sociedad desarrollada, tanto desde el punto de vista social como desde el económico. Desde lo social basta con tener presente que las pensiones públicas constituyen el medio de subsistencia de un número muy elevado de personas, pues el total de pensionistas en estos momentos supera los nueve millones. Igualmente, desde lo económico, si se tiene en cuenta el volumen de gastos público que supone, en términos tales que las mismas vienen a representar más del 10 % del PIB. De ahí que sea decisivo, por muy diversos motivos, conseguir el mantenimiento del sistema de pensiones, logrando tanto una situación de equilibrio financiero en el corto plazo como de sostenimiento del modelo en el medio y largo plazo. 

Eso sí, lo que no puede es confundirse uno y otro plano, que es lo que hacen algunos, de modo que aprovechando el paso del Pisuerga intentan alterar las claves del modelo de Seguridad Social contributiva que nos hemos dado a partir del Pacto de Toledo. Dicho de otro modo, a dificultades en el corto plazo lo que corresponde es adoptar medidas coyunturales de aseguramiento del equilibrio de la situación actual, mientras que a retos en el medio y largo plazo corresponderían cambios de carácter estructural. 

Indiscutiblemente en el corto plazo tenemos un grave problema de desequilibrio derivado de la grave crisis, que ha producido una intensa destrucción de empleo y, con ella, una caída muy considerable del número de cotizantes a la Seguridad Social. Si antes del inicio de la crisis se alcanzaron los 20 millones de cotizantes y actualmente apenas se superan los 16,3 millones, con un mantenimiento cuando menos del mismo número de pensionistas, es fácil comprender la envergadura del déficit de ingresos actual; más aún, cuando en paralelo los salarios de los ocupados se están reduciendo y, con ello, disminuyendo también la cotización media por trabajador. 

Todo ello está obligando a acudir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder abonar cuando menos las dos pagas extraordinarias anuales de los pensionistas, lo que supone darle un bocado muy fuerte de 10.000 millones a la hucha de las pensiones. Precisamente para eso está el Fondo de pensiones: para engrosarlo en los momentos de crecimiento y para utilizarlo en los momentos de dificultad. Ahora bien, la cifra del déficit actual es tan elevada que no resulta aconsejable compensar el déficit coyuntural sólo con lo ahorrado a través del Fondo y que sea oportuno adoptar otras medidas complementarias. 

Eso explica que el Gobierno pretenda alterar el actual mecanismo de revisión automática de las pensiones, que conforme a la regulación actual deberían aumentar como mínimo en la misma cuantía que la inflación. Resulta comprensible que se establezca algún tipo de corrección al efecto, de modo que en momentos de crisis las pensiones no suban automáticamente en la cuantía de la inflación, provocando ciertamente una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, de manera similar a lo que le está sucediendo a la población ocupada. Eso sí, para alcanzar un pacto social equitativo, esa pérdida debe tener su debida compensación, que es precisamente lo que le falta a la propuesta gubernamental; y esta compensación no puede ser otra que la del compromiso legal de que cuando cambie el ciclo y volvamos a crecer se beneficien también los pensionistas, de modo que se establezca en firme la regla de proceder a los necesarios incrementos para recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida. 

Frente a ello, y como algo totalmente diferenciado, se encuentran los posibles retos en el medio y largo plazo, que no se pueden confundir con los anteriores. La premisa de partida es que una vez se recupere la senda del crecimiento y, con ella, el incremento de cotizantes, en lo sustancial el sistema se encontrará financieramente equilibrado y, en su caso, será en ese momento en el que habrá que contrastar si es preciso abordar medidas de carácter estructural. Si concurre algún problema adicional, éste puede ser el relativo al envejecimiento de la población y, con el mismo, la prolongación del tiempo de disfrute de las pensiones. Ahora bien, para hacer frente a ello se acometió una importante reforma en el año 2011, siendo todavía pronto para evaluar su impacto. En todo caso, de apreciarse que esta reforma no resulta suficiente, se podrían explorar medidas de ajuste complementarias, que no alteren el modelo constitucional de pensiones suficientes, como podría ser adelantar la fecha de generalización de la edad de jubilación a los 67 años. Lo que no resulta defendible es introducir fórmulas como las que proponen algunos de utilizar el llamado "factor de sostenibilidad" de manera oculta para provocar una reducción drástica y permanente de la cuantía de las pensiones públicas, en una operación de "a río revuelto, ganancia de pescadores".

Publicado en Diario de Sevilla el 5 se septiembre de 2013

UN PANORAMA LABORAL DESOLADOR

La publicación de los datos de empleo de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013 coincide con lo que podríamos considerar como el año de aplicación de la reforma laboral de 2012. Con seguridad no es la reforma laboral el factor más influyente de la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo, pues ello se debe en gran medida a la evolución general de la crisis económica y al impacto de las políticas desplegadas por el actual Gobierno, casi exclusivamente centradas en contener el déficit público, sin ningún tipo de contrapeso que permita impulsar el crecimiento económico. En todo caso, la impresión más fundada es que lo hecho desde el Gobierno con la reforma laboral ha acentuado los elementos más negativos de la crisis desde el punto de vista del empleo, de modo que sin paliativos puede afirmarse que todos los datos al respecto muestran un panorama desolador, claramente negativo y sin que se vislumbre que el plan de adelgazamiento al que nos vienen sometiendo propicie un fortalecimiento de la musculatura de la economía y, por efecto derivado, del empleo.

Por el contrario, lo que se presenta como una intervención de choque, como revulsivo, está provocando daños estructurales, de los que parece nos vamos a resentir durante mucho tiempo. Se miren por donde se miren los datos de la EPA, resulta materialmente imposible vislumbrar ningún elemento positivo que permita ser mínimamente optimista respecto del inmediato futuro. Más allá de las cifras más llamativas públicamente, del número total de parados, hay otros datos menos resaltados habitualmente, pero que pueden estar produciendo daños más profundos y decisivos a órganos vitales de la estructura económica.

De un lado, es muy preocupante la cifra de mortandad empresarial, de modo que no es ya solamente que las empresas reduzcan su actividad y disminuyan su empleo, quedando en una situación latente a la espera de mejores momentos o mejorando sus niveles de productividad en el mercado, sino un fenómeno mucho más preocupante de empresas que desaparecen definitivamente. Con el tipo de cierres de empresa que se está produciendo, desaparece mucho de nuestro tejido empresarial, resultando mucho más complicado volverlo a recuperar cuando retorne el escenario de crecimiento económico. El dato presente en la EPA que muestra una importante disminución neta de empresarios con trabajadores a su servicio es muy elocuente al respecto.

Mortandad empresarial

El Gobierno viene defendiendo que la reforma laboral ha permitido sustituir medidas de despidos por otras de flexibilidad interna, entre las que suelen destacar las relativas a suspensión de contratos y reducción de jornada. Ahora bien, ello sólo podría afirmarse con toda certeza si se hubiera cortado la sangría de destrucción de empleo, cosa que no ha sucedido, pues en el último año se han destruido un total de 800.000 empleos netos, a mayor abundamiento dentro de un mercado de trabajo que de partida ya se encontraba fuertemente deteriorado. Más aún, entre esas medidas de flexibilidad interna, pocas son las reducciones de jornada que serían las auténticas medidas de flexibilidad de este tipo, mientras que la inmensa mayoría son suspensiones de contratos, que son por entendernos “despidos temporales” más que auténticas medidas de flexibilidad interna. Y, especialmente importante, no existe todavía tiempo suficiente como para comprobar si estas suspensiones van a ser auténticos paréntesis que después permitan la recuperación de empleo en esas empresas o, por el contrario, se van a convertir en meros anticipos de futuros despidos definitivos; por desgracia hay indicios para pensar que hay más de lo segundo que de lo primero.

Autoempleo, una huida hacia delante

En esa línea, lo único que se presenta como aparente dato positivo es el incremento del número de trabajadores autónomos sin empleados a su servicio. A tenor de ello, el Gobierno insiste en el despliegue de medidas de fomento del llamado autoempleo, que sin embargo no es solución estructural a los males que aquejan a nuestra economía. Más que creación auténtica de oportunidades de trabajo por esta vía, se trata de soluciones de huida frente al panorama desolador de ausencia de ofertas de trabajo asalariado, que desembocan en las más de las ocasiones en proyectos empresariales abocados al fracaso, en el mejor de los casos sucedáneos precarios que no auguran ningún futuro esperanzador. La superior mortandad de las experiencias de autoempleo muestra a las claras que no es el camino aconsejable a recorrer. Por el contrario, el problema esencial de la economía española se encuentra en el muy reducido tamaño medio de la empresa española (un tercio menor respecto de la alemana), que impide asentar nuestro modelo en un crecimiento sólido basado sobre una economía más productiva y competitiva dentro de un mundo globalizado.

Preocupante incremento del paro de larga duración

De otro lado, se incrementa notablemente el número de parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año en el desempleo, que ya superan los tres millones en cifras globales; es decir, más de la mitad de los parados pertenece a esta categoría. Del mismo modo que la desaparición total de una empresa hace difícil su posterior resurgimiento, el paro de larga duración provoca efectos devastadores sobre la empleabilidad de quien lo sufre, pierde todo tipo de capacidades, aptitudes y actitudes profesionales, que incrementan a niveles insospechados las dificultades posteriores de reincorporación al mercado de trabajo. Por ello, ya no caben comparaciones de nuestra situación con otras crisis de empleo que hemos vivido en el pasado, que aunque muy intensas, fueron cortas en el tiempo y permitieron una inmediata recuperación; mientras que ahora las secuelas dejarán cicatrices bien difíciles de restañar. Por ello, hay un riesgo que no se puede ocultar de que el paro de larga duración pase de ser sólo un fenómeno de exclusión laboral a otro más grave de marginación social y pobreza estructural.

Llamada a la solidaridad

Posiblemente no resulte fácil vislumbrar las alternativas de reformas frente a este panorama tan desolador, pero lo que parece indiscutible es que por mucho que el Gobierno diga lo contrario, no nos pueden transmitir con fundamento que lo que se está haciendo vaya en la dirección acertada. En estos momentos, no cabe otra cosa que confiar en que comience a fluir el crédito hacia las empresas de la economía real, que se incremente el ritmo de nuestras exportaciones y, especialmente, que las instituciones europeas abran mínimamente las posibilidades de acometer medidas de impulso al crecimiento y a la inversión productiva, pues hasta tanto ello no ocurra poco se puede influir desde las políticas de empleo como no sea para acentuar el empeoramiento del mercado laboral.

Y mientras tanto, hasta que ello no de sus frutos, que mantengamos las dosis de solidaridad propias de nuestro Estado social, como para no dejar de atender a los que se encuentran en la cuneta y son los más perjudicados por los efectos tan negativos y prolongados de esta muy preocupante situación.

Publicado en El Diario.es el 1 de mayo de 2013

EL TAMAÑO IMPORTA

Desde hace bastante tiempo, incluso acentuado en los últimos años a resultas del intenso proceso de destrucción de empleo, desde muy diversos ámbitos se invita con insistencia a los jóvenes a emprender un nuevo negocio a través de fórmulas de autoempleo. Más aún, algunos incluso valoran positivamente que las políticas activas de empleo se dirijan a fomentar el autoempleo, de modo que se considera que desde el poder público debería apoyarse la extensión de la red de microempresas en nuestra economía. Ejemplo típico de esto lo podemos encontrar en recientes medidas del Gobierno dirigidas a incentivar el empleo por la vía de apoyar fórmulas de autoempleo o de creación de micro empresas. Desde luego, la medida tiene un alto valor simbólico en clave política, en el sentido de que por primera vez se anuncia una actuación dirigida a impulsar el crecimiento empresarial y no simplemente medidas de recortes y ajuste del gasto público.

Sin embargo, la pregunta clave que debemos formularnos es cuál puede ser el impacto real de este tipo de políticas y, especialmente, si las mismas van en la buena dirección a efectos de asentar un nuevo modelo de crecimiento sostenido en el tiempo y con las necesarias dosis de competitividad en el escenario de una economía ya plenamente globalizada. La respuesta negativa, a mi juicio, no puede ser más evidente. Uno de los déficits centrales de nuestra estructura empresarial consiste precisamente en que el tamaño medio de nuestras empresas resulta excesivamente reducido, bastando para ello recordar que el tamaño medio de las empresas alemanas triplica a las españolas. El excesivo peso de las microempresas en la economía y, sobre todo, la ausencia de una potente red de empresas de medianas dimensiones constituyen un fuerte lastre para el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad y la innovación; factor que incide tanto en la vertiente estrictamente económica como, por extensión, en todo el diseño de nuestro mercado de trabajo y de nuestras relaciones laborales. No se trata sólo de que los índices de productividad y competitividad resulten mucho más elevados en las empresas grandes y medianas frente a las pequeñas y microempresas, algo plenamente constatado estadísticamente, sino que, por añadidura, el mayor tamaño  incide igualmente de forma positiva sobre el empleo y su calidad.

A tal efecto, viene siendo un lugar común la afirmación de que, puesto que el empleo se concentra en las micro y pequeñas empresas, cuando se recupere la senda de crecimiento económico, éstas son las que tendrían capacidad de crear empleo en cantidad suficiente como para absorber las altas tasas de desempleo, considerando que no es esperable que, en términos cuantitativos, su evolución tenga importancia entre las medianas y grandes empresas. Sin embargo, la anterior realidad tiene necesariamente que venir completada por la constatación de que el empleo en las pequeñas empresas en todo caso es inducido por el tirón de arrastre que proviene de las medianas y grandes empresas. Sin fortaleza de éstas últimas, todo lo que se fuerce desde el autoempleo o el minifundismo empresarial resultará ficticio y sin expectativa alguna de asentamiento en el tiempo.

Más aún, lo que se comprueba es que la tasa de mortalidad de los proyectos empresariales de autoempleo y de microempresas es elevadísima, en multitud de ocasiones abocados al fracaso, de modo que la inestabilidad en el empleo de ese sector resulta patente. A estos efectos, resulta de todo punto irrelevante cuáles sean las tasas de contratación laboral temporal o indefinida en este tipo de microempresa, pues si la misma empresa tiene una alta tasas de mortalidad, la rotación en el empleo será la clave a la hora de su valoración negativa.

Por lo demás, multitud de otros factores que hoy en día se consideran que pueden constituir las señas de identidad de un modelo idóneo de relaciones laborales conectan necesariamente con el afianzamiento en el crecimiento del tamaño medio de las empresas.

Si cada vez más se viene apostando por un modelo dual de formación profesional, que  garantice la empleabilidad y en el que se conjugue la formación en las aulas con una presencia activa a través de fórmulas eficaces de prácticas de empresa, ello sólo puede realmente materializarse allí donde las empresas tengan un tamaño razonable que así lo permita; desde luego es inviable en un escenario generalizado de microempresas. Por ello, resulta ilusorio pretender copiar aquí el modelo dual de formación profesional alemán sin tener presente los fuertes impedimentos derivados del tamaño de nuestras empresas.

Si se desea progresar en formas de organización del trabajo que permitan conciliar las responsabilidades familiares con la actividad profesional, que permitan afianzar un modelo de corresponsabilidad y con ello un avance hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, ello sólo es materializable en la práctica allí donde exista un tamaño medio-grande de las plantillas empresariales que haga posible fórmulas de adaptación de los tiempos de trabajo a las responsabilidades familiares y, en general, el conjunto de mecanismos que propician la corresponsabilidad.

Si se pretende que los diferentes instrumentos de flexibilidad interna constituyan una alternativa real frente a la flexibilidad externa, frente a los ajustes de empleo en situaciones de crisis empresarial, ello resulta impensable en una microempresa; las microempresas frente a pequeños embates de dificultad económica sólo pueden responder con despidos, o bien directamente están abocadas a su cierre definitivo. Por tanto, la virtualidad de las fórmulas de movilidad funcional, geográfica, temporal y de modificación del resto de las condiciones de trabajo, sólo es concebible en el marco de empresas de medianas y grandes dimensiones.

Si se quiere que, como herramienta de adaptación de las condiciones de trabajo a las peculiaridades de cada organización productiva, el convenio colectivo de empresa se convierta en el referente central de nuestra estructura negocial, la solidez de un auténtico convenio de empresa sólo es posible allí donde la propia empresa tenga un mínimo tamaño. Cualquier otra situación nos aboca a la pervivencia de un modelo sectorializado y de dimensiones territoriales reducidas de nuestra negociación colectiva, con altas dosis, por tanto, de atomización de la misma.

Si se defiende que los procedimientos de flexibilidad se articulen por la vía del consenso y de procedimientos auténticos de información y consulta con los representantes de los trabajadores, la existencia y continuidad de estos últimos solo es viable con un tamaño suficiente de las dimensiones empresariales que propicie un retorno del sindicato a la empresa y a los centros de trabajo.

En definitiva, tenemos que romper con los estereotipos generalizados de poner nuestra confianza en el fomento de experiencias dudosas de autoempleo o creación de microempresas sin inversión fuerte que las sustente. La respuesta real sólo se puede encontrar apostando por el crecimiento de las dimensiones medias de nuestras empresas, porque son quienes pueden emerger como las locomotoras de la actividad económica, empresas con capacidad real de invertir en innovación y desarrollo y que, a la postre, pueden en el medio y largo plazo garantizar un modelo de más y mejor empleo en nuestro mercado de trabajo. Si eso se consigue, ya florecerá una rica variedad de experiencias micro, que incluso podrán tener expectativas de crecimiento en un medio mucho más favorable.

Publicado en el Diario El País el 28 de febrero de 2013

UN AÑO DE REFORMA LABORAL

El balance de la evolución del mercado de trabajo a lo largo de 2012 no puede ser más desalentador. Se mire por donde se mire todos los indicadores muestran un claro deterioro: es uno de los años de mayor destrucción de empleo desde el inicio de la crisis, se pierde empleo tanto en el sector privado como en el público, se reduce la población activa como muestra de la aparición de desanimados que ya ni siquiera buscan empleo, disminuye la población en edad de trabajar como resultado tanto del retorno de extranjeros como de la salida de nacionales que buscan fuera mejores oportunidades de empleo, se sustituye empleo a tiempo completo por a tiempo parcial, crece un tipo de empleo autónomo que es más bien subempleo y con altos riesgos de fracasar, aumenta el empleo estacional en el sector agrícola de mero refugio frente al vendaval en el resto de los sectores, la limitada reducción de las altas tasas de temporalidad no se debe a un incremento real del empleo estable sino a una mera destrucción del empleo selectiva de los temporales.

Conviene tener en cuenta, para valorar el significado del precedente panorama, que todo ello viene determinado sobre todo por la evolución general de la situación económica y, en particular, de las políticas centradas exclusivamente en los ajustes que se imponen desde Europa. Dicho de otro modo, las políticas laborales y, en especial, las medidas laborales de reforma legislativa tienen escasa influencia. Eso sí, las reformas laborales en este contexto vienen a acompañar la evolución del ciclo económico, pudiendo suavizar o intensificar su impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Y, a la vista de los datos disponibles, todos ellos apuntan a que la aplicación de la reforma laboral en lo esencial ha presionado hacia la intensificación de los rasgos más negativos de nuestro empleo y de la actividad económica. Más allá del acierto o error en las medidas adoptadas, lo indiscutible es que el momento para ponerlas en marcha ha sido el peor de los posibles, por lo que sus efectos han sido marcadamente negativos.

Ante todo, el mensaje enviado en materia de empleo ha sido muy perjudicial, pues éste simplificadamente no ha sido otro que el de invitar a continuar en la línea de la destrucción de empleo, en lugar de buscar su contención o al menos ensayar fórmulas alternativas de flexibilidad interna. Las facilidades dadas en materia de despido, tanto en las causas justificativas como en los costes, ha provocado ese resultado indeseado de incentivo a ahondar en la destrucción de empleo.

De otra parte, la pretensión de incrementar la competitividad a través de mecanismos de reducción de los costes salariales era recomendable hacerla de forma lenta y suave, pues de lo contrario desemboca en algo más pernicioso como es la paralización del consumo interno y, como efecto derivado, nuevas crisis empresariales y de empleo. Esa contención de costes salariales lenta y suave estaba garantizada a principios del año 2012 con la mera puesta en práctica de lo acordado entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado a finales de enero. Pero esa fórmula de razonable equilibrio quedó truncada con unas medidas de reforma laboral que pretendían acelerar e intensificar el proceso, como de hecho se ha producido, con lo cual ahora a la vista de los resultados puede concluirse que las medidas se han pasado de rosca y han acabado por romper la tuerca.

El engranaje ha dejado de funcionar también en un elemento esencial de nuestro sistema como es la negociación colectiva. El efecto más preocupante en este ámbito es el de la notable reducción de su tasa de cobertura, de modo que cae perceptiblemente el porcentaje de trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación de los convenios, principalmente porque hay una enorme dificultad en su renovación. Ello naturalmente acentúa la caída nominal de los salarios, pero también provoca vacíos y dificultades en articular los necesarios mecanismos de flexibilidad interna negociada.

En estos momentos, no cabe otra cosa que confiar en que se superen los grandes desequilibrios financieros, que fluya el crédito, que se recupere el ritmo de nuestras exportaciones y, especialmente, que las instituciones europeas abran mínimamente las posibilidades de acometer medidas de impulso al crecimiento y a la inversión productiva, pues hasta tanto que ello no ocurra poco se puede influir desde las políticas de empleo como no sea para acentuar el empeoramiento del mercado laboral.

Publicado en Diario de Sevilla el 3 de febrero de 2012

OTRA FINANCIACIÓN PARA LAS PENSIONES

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, una de las más importantes por su calado, y que ha pasado casi inadvertida, es la relativa a la reducción en dos puntos porcentuales de las cotizaciones a la Seguridad Social; reducción escalonada, uno para el presente año y otro para el año próximo. Por mucho que aparentemente se pretenda presentar como una medida adoptada en estos momentos de emergencia, a nadie se le escapa que la misma tendrá un carácter permanente e irreversible; de ahí que se trate de una reforma estructural.

Esta medida se justifica por el Gobierno con vistas a incentivar la creación de empleo, desde el instante en que provoca una clara e importante reducción de costes laborales, a la vista del peso que las cotizaciones representan en el conjunto del gasto por empleado.

Sin embargo, ello no puede mirarse sólo desde el punto de vista de sus efectos sobre las empresas, sino también desde la perspectiva de los ingresos de la Seguridad Social y correspondiente equilibrio de nuestro sistema de protección social. En términos cuantitativos, la reducción es muy elevada, de modo que cabe pensar que este recorte de ingresos va a provocar que resulte inviable afrontar los actuales y futuros costes del sistema de pensiones en nuestro país; imposibilidad de hacerlo si se mantiene el actual modelo de financiación de la Seguridad Social.

Uno de los pilares básicos del Pacto de Toledo, alcanzado y apoyado en el tiempo entre los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales desde hace ya casi dos décadas, se ha basado en la separación de fuentes de financiación del sistema. Dicho de otro modo, se han venido abordando sucesivas reformas con la pretensión de que las cotizaciones sociales basten para hacer frente al coste de las prestaciones contributivas, en especial de las pensiones contributivas, mientras que el brazo no contributivo del sistema iría a cargo del sistema impositivo. Pues bien, sin necesidad de efectuar grandes cálculos, la anunciada reducción en las cotizaciones con seguridad impedirá que con cargo a las mismas se abone el coste total de las prestaciones contributivas, más aún teniendo presente el ajustado equilibrio de ingresos y gastos en estos momentos, que incluso se está desbordando ya, surgiendo un preocupante déficit para el pago de las pensiones públicas.

Pero es más, de materializarse esa reducción en las cotizaciones, ello provocará un déficit estructural del sistema de Seguridad Social. Todo lo anterior conduce a la imperiosa necesidad de romper con el estricto principio de separación de fuentes. En otros términos, ello nos aboca a tener que cambiar el modelo, alterar ese principio de partida del Pacto de Toledo, para asumir que el sistema de pensiones públicas sólo es sostenible en el tiempo, en la medida en que las pensiones contributivas se abonen no sólo con las cotizaciones sociales, sino también con cargo a impuestos. En concreto, que el porcentaje de reducción de cotizaciones venga compensado por el correspondiente incremento de la aportación del Estado para sostener el sistema de pensiones con cargo a los ingresos derivados del IVA. No se trataría de otra cosa que incorporar a nuestro sistema lo que constituye actualmente el modelo alemán en esta materia, tras una reforma hace algunos años que ha dado buenos resultados. La alternativa, a nuestro juicio, sería rechazable dentro de nuestro modelo constitucional de Estado social de derecho: un drástico recorte de los niveles de protección vía la rebaja del sistema de pensiones públicas de todo punto dañino para la cohesión social.  

Publicado en el diario El País el sábado 14 de julio de 2012

EFECTOS INCONTROLADOS DE LA REFORMA LABORAL

Nos enfrentamos a una de las reformas laborales de mayor calado de las efectuadas hasta el presente. Aunque se enmarca en el difícil contexto de la crisis económica y de empleo, las medidas que se contemplan no se establecen con carácter transitorio, sino que pretenden ser permanentes y, por tanto, tienen el carácter de reformas estructurales. Algunas medidas pueden ser valoradas positivamente, como son las relativas a la flexibilidad interna, la profundización en los mecanismos de formación profesional y las relativas a las empresas de trabajo temporal. Otras son relativamente fáciles de ponderar en cuanto a los efectos previsibles, especialmente las que afectan a los cambios en el régimen de los despidos.

En todo caso, lo más preocupante pueden ser los efectos aparentemente no contemplados, que incluso pueden provocar consecuencias opuestas a lo que públicamente se afirma que se pretende. Como decía el inolvidable Luis Toharia, “los únicos efectos grandes que suelen tener los cambios normativos del mercado de trabajo son precisamente aquellos que nadie previó”. Y justamente esto es lo que puede suceder con la actual reforma. Basten dos ejemplos.

Por un lado, algunas de las medidas adoptadas en materia de contratación y de despido pueden provocar un efecto de reforzamiento de la rotación en el mercado de trabajo, con debilitamiento práctico de la estabilidad en el empleo y mantenimiento de la dualidad del mercado de trabajo. Por ejemplo, el nuevo potente contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, al desnaturalizar la figura del periodo de prueba (al extremo de que provoca dudas respecto de su compatibilidad con la exigencia constitucional de causalidad de la extinción contractual) puede dar lugar a una generalización de contratos formalmente indefinidos pero que en la práctica no duren más allá del año; o bien que se extingan a los tres años de duración, cuando concluya el período bonificado por las ayudas públicas. Es fácil que esta regulación de la nueva modalidad contractual, sin quererlo, invite al encadenamiento de contratos, ya que ni se prohíbe la sustitución por otro de igual naturaleza con otro trabajador a su conclusión, ni se exige que con el mismo se produzca una creación neta de empleo.

De otro lado, la universalización de los mecanismos de descuelgue de los convenios colectivos puede provocar un efecto distorsionador de nuestra negociación colectiva, con resultados negativos de muy diversa índole para los intereses de unos y de otros. La amplitud de las causas justificativas, que no se conectan con los riesgos de destrucción de empleo ni siquiera precisan de una situación de dificultad económica en la empresa, unido al procedimiento de inaplicación que se contempla, pueden dar lugar a una nada aconsejable desarticulación de nuestro sistema de negociación colectiva, que con todos sus defectos no es conveniente debilitar. A mayor abundamiento, el mecanismo acaba materialmente imponiendo un arbitraje obligatorio, por mucho que éste se camufle, incurriendo una vez más en los problemas en otras ocasiones detectados de inconstitucionalidad de este tipo de fórmulas.

Publicado en el diario El País el 12 de febrero de 2012

UNA PROFUNDA REFORMA LABORAL

            La reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros, por su extensión y complejidad, requerirá de una valoración pausada y detallada para ser capaces de identificar su alcance y consecuencias. En todo caso, en una primera aproximación se puede comprobar fácilmente que nos encontramos ante una de las reformas más profundas de las muchas ya vividas en las últimas décadas. Continúa en la senda de las reformas precedentes, profundizando en la incorporación de reglas de flexibilidad en todos los ámbitos para favorecer la libre adaptación de las empresas a los cambios del mercado. Es una reforma que afecta a muchas de las instituciones claves del sistema laboral, en algunos de sus contenidos introduciendo cambios de enorme calado, particularmente en materia de contratación, modificación de condiciones de trabajo, despido y negociación colectiva.

            Por ello resulta especialmente llamativo que haya sido la primera ocasión, dentro de nuestra larga experiencia de reformas laborales, en la que el Gobierno no ha abierto un previo proceso de consultas, ni siquiera de información, a las organizaciones sindicales y empresariales respecto de los objetivos, contenidos y efectos de las medidas que se contienen en el Real Decreto-Ley aprobado. Sin pretender negar la legitimidad política del Gobierno para ejercer plenamente sus potestades legislativas, siempre resulta de enorme utilidad pulsar la opinión y la actitud de los representantes económicos y sociales como destinatarios de las medidas que se pretenden adoptar. Sin que ello tenga que comprometer ni condicionar la autónoma decisión del Gobierno, no se debe abandonar la interlocución permanente con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, especialmente cuando se trata de medidas cuya efectividad depende en gran medida de las actitudes posteriores de quienes las aplican y de quienes negocian los convenios colectivos.

            En cuanto a su contenido, la misma incluye medidas que pueden ser valoradas positivamente y que pueden recibir un respaldo bastante generalizado. Entre ellas destacaría tres. Ante todo, las reglas relativas a la flexibilidad interna en la empresa como alternativa a las reestructuraciones por la vía de los despidos, especialmente las relacionadas con la movilidad funcional, jornada de trabajo, movilidad geográfica y modificaciones de condiciones de trabajo; medidas que vienen a reforzar el importante acuerdo sobre negociación colectiva alcanzado recientemente entre sindicatos y patronales. En segundo lugar, el significativo impulso que se le da a la formación profesional en el interior de la empresa, que puede potenciar con eficiencia la empleabilidad de los trabajadores, el reciclaje profesional y la productividad empresarial. En tercer lugar, la atribución a las empresas de trabajo temporal de funciones de intermediación en la contratación laboral, que puede dinamizar el proceso de colocación; estas empresas pueden actuar en ámbitos y con métodos que resulten complementarios de los que desarrollan los servicios públicos de empleo y sin que ello tenga por qué descuidar la potenciación y efectividad de estos últimos.

            Sin embargo, en el debe de esta reforma se encuentra que no resulta creíble que la misma vaya a producir los efectos que se le atribuyen desde el Gobierno, tanto en lo que se refiere a la contención de la sangría de destrucción de empleo, como a la superación de la dualidad de nuestro mercado de trabajo entre temporales y fijos.

No hay ningún elemento que permita afirmar que se trate de una reforma que va a incidir positivamente sobre nuestras cifras de desempleo, cuando el propio Gobierno haces pocos días reconocía que a lo largo del presente año se va a continuar produciendo un incremento muy notable del número de parados. En estos momentos, son elementos ajenos a la regulación del mercado de trabajo los que están provocando la atonía de actividad económica que impide contratar a las empresas: mientras no afluya el crédito a las empresas, se incremente el consumo familiar, se abran nuevas expectativas de crecimiento de nuestras exportaciones y, en general, se pongan en marcha políticas de reactivación económica, seguiremos con este proceso continuado de destrucción de empleo.

De otro lado, ojalá me equivoque, las medidas que se introducen en materia de modalidades de contratación así como algunas sobre los despidos van en la dirección contraria del objetivo que se afirma de fomento de la estabilidad en el empleo, pues van a incrementar la muy elevada rotación laboral, que es la que a la postre provoca la dualidad y segmentación del mercado de trabajo. Incluso es preocupante que la reforma siga insistiendo en fórmulas claramente inconstitucionales, como son las de la generalización del arbitraje obligatorio para todo tipo de descuelgues de los convenios colectivos. Por todo ello, al final subyace la importante duda de que nos encontremos ante una reforma equilibrada como se defiende y debería ser la filosofía de la misma.

Publicado en los diarios del grupo Joly el 13 de febrero de 2012

AL GRAN E IRREMPLAZABLE LUIS TOHARIA

El pasado viernes falleció Luis Toharia Cortés, el padre en España de la economía del trabajo, ejemplo de honestidad personal y de rigor profesional, maestro de todos los que nos hemos acercado a conocer lo poco que sabemos del funcionamiento del mercado de trabajo. Derrochaba generosidad por todas partes, al tiempo que su modestia reforzaba más si cabe su profundidad en el diagnóstico del mundo del trabajo y el acierto de sus propuestas de mejora de las políticas laborales, siempre desde la honda preocupación por las personas de carne y hueso que están detrás de los datos estadísticos de las vidas laborales de cada uno. Descanse en paz.

Homenaje a Luis Toharia

Luís Toharía Cortés, la referencia en economía laboral

Hasta siempre Luis Toharia