lunes, 28 de noviembre de 2011

EMPLEO Y EMPLEABILIDAD ANTE UN FUTURO ESCENARIO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO


En estos momentos de perceptible estancamiento de la actividad económica es bastante difícil que se pueda producir de manera inmediata un significativo crecimiento del empleo. Por ello, no se puede esperar que las políticas activas de empleo puedan tener a corto plazo un fuerte impacto sobre la evolución de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, ello no significa que no haya tareas importantes que acometer en este frente; tareas que, de un lado, contengan el todavía continuado proceso de destrucción de empleo, y, de otra parte, sitúe a la población desempleada en condiciones de atender las necesidades empresariales de ocupación en un futuro escenario de relanzamiento económico.

Con este enfoque, uno de los problemas principales que se observan es el relativo a las importantes carencias de empleabilidad de un muy importante porcentaje de la población en edad de trabajar, que se va a acentuar en el inmediato futuro, si logramos orientar nuestra actividad empresarial hacia la única salida posible de fortalecimiento de los sectores con mayores expectativas de productividad y de competitividad en una economía globalizada.

A pesar del importante esfuerzo realizado en los últimos años en el sistema educativo y en el complementario ámbito de la formación profesional, sufrimos unas tasas de fracaso escolar muy preocupantes, de las más elevadas de la Unión Europea: es altísimo el número de jóvenes que abandona el sistema escolar al concluir la enseñanza obligatoria; más aún, quienes concluyen su formación en estas condiciones suelen mostrar desajustes notables respecto de los conocimientos y competencias necesarios para el tipo de empleo que se puede ofrecer a partir de ahora. El último periodo de expansión económica y del empleo provocó un efecto negativo de prematura salida del sistema educativo de un elevado número de jóvenes, para ocupar puestos que requerían una escasa cualificación profesional. La destrucción de empleo sufrida posteriormente ha colocado en el desempleo a un elevado número de trabajadores con fuertes carencias formativas, sin expectativas de retornar a actividades profesionales del pasado y, en todo caso, nada preparado para atender los posibles puestos de trabajo que se pueden crear a partir del relanzamiento de nuestra economía. Al mismo tiempo que la destrucción de empleo se ha concentrado esencialmente en los puestos de trabajo de más baja cualificación, también es cierto que quienes mejor han resistido los embates de la crisis son aquellos trabajadores con mayor nivel de cualificación técnica.

Eso sí, en paralelo se aprecia también que una importante franja de la población ocupada de edad avanzada presenta notables dificultades de adaptación a los cambios tecnológicos, productivos y organizativos exigidos hoy en día por las empresas; falta de adaptación provocada, una vez más, por sus carencias formativas. Por ello, ante un nuevo panorama en el que se vislumbra la necesidad de prolongar la edad de permanencia en el mercado de trabajo de este otro grupo de trabajadores de edad avanzada, con vistas a atender los efectos de retraso de la edad de jubilación a resulta de la reforma legal en materia de pensiones públicas, es necesario poner el acento igualmente en las necesidades de reciclaje profesional de los actualmente ocupados.

A su vez, el modelo laboral de altas tasas de rotación en el mercado de trabajo y elevada temporalidad en la contratación aporta escasos alicientes para que las empresas se encuentren motivadas para atender a las necesidades formativas de sus trabajadores, particularmente de aquellos que presentan dosis superiores de fungibilidad laboral debido a su baja cualificación y, por tanto, falta de empleabilidad.

En definitiva, si tenemos algunas posibilidades de enderezar nuestro modelo de crecimiento económico, éste sólo se puede basar en la sociedad del conocimiento, donde la clave se encuentre en el capital humano y, por tanto, en altos niveles de preparación y experiencia profesional. En un escenario de alta competitividad a nivel global que sólo permite la sostenibilidad de las empresas y trabajos sobre la base del incremento de la productividad, adquiere una influencia decisiva el grado de empleabilidad de los trabajadores. Tan es así que los resultados económicos de los trabajos no dependen ya sólo de la organización, producción y tecnología puesta al servicio de la actividad empresarial, sino también de las competencias y conocimientos de las concretas personas que ocupan dichos trabajos. Un mismo puesto de trabajo puede ser más o menos productivo en función de las concretas capacidades de la persona que lo ocupa. Incluso en sectores más o menos tradicionales sucede cada vez más, pues la productividad de un mismo trabajo depende mucho de que el concreto trabajador tenga o no conocimiento de varios idiomas, más o menos habilidad en el uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación, sea capaz de desplegar labores diversas que proporcionen una polivalencia funcional a trabajo, etc. De este modo, tanto las expectativas de inserción laboral de una persona como su continuidad en el mercado de trabajo dependen de su empleabilidad.

Variadas medidas se pueden adoptar con vistas a lograr esa superior empleabilidad para responder a los retos que se presentan en el mercado de trabajo. Por un lado, se debería reforzar la orientación del sistema educativo general a la adquisición de las competencias y conocimientos requeridos por el sistema productivo. Al mismo tiempo se deberían ajustar los mecanismos de transición entre la conclusión de la formación reglada y el acceso al mercado de trabajo; por ejemplo, por medio del fomento de las prácticas no laborales en las empresas de los jóvenes sin ninguna experiencia laboral; de una efectiva utilización de los contratos formativos como vehículo generalizado de primer acceso al mercado de trabajo, tomando como referencia el modelo alemán donde se combina adecuadamente la utilidad productiva de la primera ocupación con la adquisición de formación práctica. Se debería reforzar la importancia de lo formativo en el conjunto de la población ocupada, con particular atención a aquellos que precisan de procesos de superior reciclaje profesional o bien de aquellos que por razones de edad muestran mayores dificultades de readaptación a los cambio; por ejemplo, incorporando en la legislación laboral el derecho/deber a la formación profesional como elemento común a todos los contratos al margen de la edad; implicando en mayor medida a las empresas en los procesos de reciclaje profesional, de modo que obtuvieran beneficios productivos directos por la continuidad de trabajadores con superiores niveles de empleabilidad; implementando el sistema de reconocimiento y acreditación oficiales de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral; incluyendo en los distintivos de calidad de las empresas la existencia en las mismas de planes formativos para su personal, junto a evaluaciones de resultados.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

ELECCIONES MARCADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA


Las muy duras consecuencias sobre el empleo provocadas por la crisis económica han determinado de forma decisiva el resultado electoral en España. La incapacidad del Gobierno socialista, en un primer momento, para darse cuenta de la profundidad y prolongación de la crisis y, en un segundo momento, su incapacidad para adoptar medidas de reforma estructural con la celeridad que exigía el momento, han constituido la clave de este resultado. El cambio de mayorías se ha debido esencialmente al fracaso político del Gobierno de centroizquierda, por haber adoptado de forma tardía las medidas necesarias y al desconcierto ciudadano provocado por no haber sabido el partido socialista explicar con convencimiento el cambio de rumbo adoptado a partir de mayo del año pasado, cuando ya comenzaban a dispararse las presiones de los mercados financieros sobre la deuda pública española y se imponían desde Europa pautas de actuación que impedían mantener las políticas keynesianas de expansión del consumo. Escenario frente al que la oposición conservadora se ha limitado a esperar, no asumir responsabilidades por las medidas que se adoptaban, dejar simplemente que la situación se pudriera y sin que se haya molestado siquiera en formular propuestas alternativas concretas y mínimamente novedosas. El resultado abrumador a su favor de las elecciones locales en mayo ya anunciaba el éxito de esta actitud para el partido popular. Ni siquiera un asunto de tanta trascendencia como ha sido el fin de la acción terrorista en el País Vasco ha influido en el voto de la población, como tampoco lo ha tenido el apoyo generalizado a las medidas de mantenimiento de las políticas sociales y de desarrollo de políticas en materia de derechos civiles.

Se han destruido tres millones de empleos desde el comienzo de la crisis, elevándose la tasa de desempleo por encima del 20 %, cifra desconocida en el resto de Europa. Ello se ha debido esencialmente al insostenible y desmesurado peso del sector de la construcción inmobiliaria en el conjunto de la economía española. La paralización de este sector, en gran medida irreversible, y de su industria auxiliar ha provocado la destrucción del orden del 70 % de todo el empleo perdido. Como es habitual, estos escenarios acaban provocando efectos reflejos perniciosos sobre otros sectores, que caen sucesivamente como un juego de naipes: ha contaminado al sector financiero, particularmente a las entidades públicas hasta ahora potentes de las cajas de ahorros, que ha forzado a un proceso de reestructuración, de fusiones generalizadas y a su práctica privatización; ha provocado un bloqueo del gasto de las Administraciones Públicas, con fuerte repercusión sobre el sector privado dependiente de las mismas y del consumo en general.

Ese escenario, a diferencia a lo que ha sucedido en otros países europeos, se ha desarrollado sorprendentemente en un clima de casi ausencia de conflictos sociales, a pesar de la fuerte frustración de la población española y su pérdida de confianza en una recuperación efectiva de la economía. Ello se debe en gran medida a la aceptación pasiva de una crisis que se percibe como inexorable; también compensado por una acción pública de incremento del gasto destinado a los desempleados, de modo que durante todo este período la tasa de cobertura económica pública a los parados por parte de la seguridad social ha alcanzado al 70 % de los desempleados; como ha influido igualmente el retraso de la emancipación económica de los jóvenes que permanecen en el hogar paterno, el tradicional apoyo del entorno familiar a sus miembros con dificultad, así como las oportunidades esporádicas de trabajo en la economía sumergida.

Sin embargo, no es previsible que esta situación se mantenga en el futuro, pues los Gobiernos conservadores en nuestro país tienden a desplegar menores herramientas de contención del descontento social, pudiendo incurrir en el grave error de reducir la protección pública a los parados, con efectos igualmente perjudiciales sobre el consumo general, que a su vez acentúen la atonía económica. Incluso es previsible que acometa una reforma laboral traumática, que altere sustancialmente el complejo equilibrio de intereses en el mundo del trabajo; reforma laboral que con seguridad no es la clave para provocar el crecimiento del empleo, a la vista de cuales son las causas determinantes del problema y de la experiencia de otras reformas precedentes, pero que pueden acentuar los riesgos de conflictividad social.

En todo caso, el contexto español puede resultar más favorable al de otros países que pasan por situaciones de dificultad similares. El sistema político español ha funcionado debidamente, de modo que la alternancia política se ha producido con naturalidad y respeto a las reglas del juego democrático, sin que haya dado lugar a crisis institucionales de la envergadura de Grecia o Italia. A su vez el modelo político español otorga mayorías suficientes al ganador de las elecciones, dentro de un sistema bipartidista denostado por algunos, pero que ha proporcionado positivos resultados de estabilidad política, con garantía de que el partido vencedor cuenta con casi total seguridad con cuatro años de legislatura para desarrollar su programa de reformas; claramente así se presenta en este caso, en el que el partido popular ha obtenido una holgada mayoría absoluta. La derecha política en España a partir de ahora ostenta un poder político mayoritario en prácticamente todos los ámbitos (poder local, Comunidades Autónomas y Estado), de modo que tiene todas las posibilidades de adoptar sus políticas, sin poder justificarse en la herencia recibida de los socialistas, aunque con seguridad intentará echarles la culpa cuando las cosas le vengan mal dadas. El único contrapeso político vendrá de las organizaciones sindicales y, muy especialmente, de un eventual cambio de signo político en Europa, comenzando por un posible cambio en algunos de los países de mayor influencia en la Unión Europea.

Publicado en el diario francés Liberation el 23 de noviembre de 2011