En estos momentos de perceptible estancamiento de la actividad económica es bastante difícil que se pueda producir de manera inmediata un significativo crecimiento del empleo. Por ello, no se puede esperar que las políticas activas de empleo puedan tener a corto plazo un fuerte impacto sobre la evolución de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, ello no significa que no haya tareas importantes que acometer en este frente; tareas que, de un lado, contengan el todavía continuado proceso de destrucción de empleo, y, de otra parte, sitúe a la población desempleada en condiciones de atender las necesidades empresariales de ocupación en un futuro escenario de relanzamiento económico.
Con este enfoque, uno de los problemas principales que se observan es el relativo a las importantes carencias de empleabilidad de un muy importante porcentaje de la población en edad de trabajar, que se va a acentuar en el inmediato futuro, si logramos orientar nuestra actividad empresarial hacia la única salida posible de fortalecimiento de los sectores con mayores expectativas de productividad y de competitividad en una economía globalizada.
A pesar del importante esfuerzo realizado en los últimos años en el sistema educativo y en el complementario ámbito de la formación profesional, sufrimos unas tasas de fracaso escolar muy preocupantes, de las más elevadas de la Unión Europea: es altísimo el número de jóvenes que abandona el sistema escolar al concluir la enseñanza obligatoria; más aún, quienes concluyen su formación en estas condiciones suelen mostrar desajustes notables respecto de los conocimientos y competencias necesarios para el tipo de empleo que se puede ofrecer a partir de ahora. El último periodo de expansión económica y del empleo provocó un efecto negativo de prematura salida del sistema educativo de un elevado número de jóvenes, para ocupar puestos que requerían una escasa cualificación profesional. La destrucción de empleo sufrida posteriormente ha colocado en el desempleo a un elevado número de trabajadores con fuertes carencias formativas, sin expectativas de retornar a actividades profesionales del pasado y, en todo caso, nada preparado para atender los posibles puestos de trabajo que se pueden crear a partir del relanzamiento de nuestra economía. Al mismo tiempo que la destrucción de empleo se ha concentrado esencialmente en los puestos de trabajo de más baja cualificación, también es cierto que quienes mejor han resistido los embates de la crisis son aquellos trabajadores con mayor nivel de cualificación técnica.
Eso sí, en paralelo se aprecia también que una importante franja de la población ocupada de edad avanzada presenta notables dificultades de adaptación a los cambios tecnológicos, productivos y organizativos exigidos hoy en día por las empresas; falta de adaptación provocada, una vez más, por sus carencias formativas. Por ello, ante un nuevo panorama en el que se vislumbra la necesidad de prolongar la edad de permanencia en el mercado de trabajo de este otro grupo de trabajadores de edad avanzada, con vistas a atender los efectos de retraso de la edad de jubilación a resulta de la reforma legal en materia de pensiones públicas, es necesario poner el acento igualmente en las necesidades de reciclaje profesional de los actualmente ocupados.
A su vez, el modelo laboral de altas tasas de rotación en el mercado de trabajo y elevada temporalidad en la contratación aporta escasos alicientes para que las empresas se encuentren motivadas para atender a las necesidades formativas de sus trabajadores, particularmente de aquellos que presentan dosis superiores de fungibilidad laboral debido a su baja cualificación y, por tanto, falta de empleabilidad.
En definitiva, si tenemos algunas posibilidades de enderezar nuestro modelo de crecimiento económico, éste sólo se puede basar en la sociedad del conocimiento, donde la clave se encuentre en el capital humano y, por tanto, en altos niveles de preparación y experiencia profesional. En un escenario de alta competitividad a nivel global que sólo permite la sostenibilidad de las empresas y trabajos sobre la base del incremento de la productividad, adquiere una influencia decisiva el grado de empleabilidad de los trabajadores. Tan es así que los resultados económicos de los trabajos no dependen ya sólo de la organización, producción y tecnología puesta al servicio de la actividad empresarial, sino también de las competencias y conocimientos de las concretas personas que ocupan dichos trabajos. Un mismo puesto de trabajo puede ser más o menos productivo en función de las concretas capacidades de la persona que lo ocupa. Incluso en sectores más o menos tradicionales sucede cada vez más, pues la productividad de un mismo trabajo depende mucho de que el concreto trabajador tenga o no conocimiento de varios idiomas, más o menos habilidad en el uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación, sea capaz de desplegar labores diversas que proporcionen una polivalencia funcional a trabajo, etc. De este modo, tanto las expectativas de inserción laboral de una persona como su continuidad en el mercado de trabajo dependen de su empleabilidad.
Variadas medidas se pueden adoptar con vistas a lograr esa superior empleabilidad para responder a los retos que se presentan en el mercado de trabajo. Por un lado, se debería reforzar la orientación del sistema educativo general a la adquisición de las competencias y conocimientos requeridos por el sistema productivo. Al mismo tiempo se deberían ajustar los mecanismos de transición entre la conclusión de la formación reglada y el acceso al mercado de trabajo; por ejemplo, por medio del fomento de las prácticas no laborales en las empresas de los jóvenes sin ninguna experiencia laboral; de una efectiva utilización de los contratos formativos como vehículo generalizado de primer acceso al mercado de trabajo, tomando como referencia el modelo alemán donde se combina adecuadamente la utilidad productiva de la primera ocupación con la adquisición de formación práctica. Se debería reforzar la importancia de lo formativo en el conjunto de la población ocupada, con particular atención a aquellos que precisan de procesos de superior reciclaje profesional o bien de aquellos que por razones de edad muestran mayores dificultades de readaptación a los cambio; por ejemplo, incorporando en la legislación laboral el derecho/deber a la formación profesional como elemento común a todos los contratos al margen de la edad; implicando en mayor medida a las empresas en los procesos de reciclaje profesional, de modo que obtuvieran beneficios productivos directos por la continuidad de trabajadores con superiores niveles de empleabilidad; implementando el sistema de reconocimiento y acreditación oficiales de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral; incluyendo en los distintivos de calidad de las empresas la existencia en las mismas de planes formativos para su personal, junto a evaluaciones de resultados.