En el ámbito de
lo comercial la oferta de un producto o un servicio diferente se valora
habitualmente de forma muy positiva, llegando a ser ello hoy en día elemento
clave para algunas empresas o marcas. Sin embargo, en el ámbito social sucede todo
lo contrario: la seña de identidad de una sociedad desarrollada y avanzada es
de común aceptación que se encuentra en el grado de igualdad de oportunidades
que se ofrece, logrando contrarrestar las tendencias naturales hacia la
discriminación o marginación social.
Desde esta
perspectiva, nuestro país ha logrado en las últimas décadas implantar progresivamente
un modelo de Estado de bienestar compatible con el desarrollo económico, que ha
conseguido orientarse hacia niveles de convergencia social cada vez más
notables. Sin embargo, en los últimos años, dentro del escenario de reacción
frente a la crisis global, se aprecia un intenso cambio de tendencia ciertamente
preocupante. Así, se observan niveles de desigualdad cada vez más acentuados,
confirmados a través de muy diversos índices estadísticos. Analizado el
fenómeno desde las perspectivas más variadas, el resultado no es otro que el
aumento de situaciones de exclusión social intensa, nada compatibles con un
modelo de Estado social como el que propugna nuestra Constitución. Es conocido
por todos que la ya prolongada crisis económica está provocando un deterioro
palpable de importantes servicios públicos, a pesar de que ello podría haberse
producido de forma diversa en cuanto al impacto menos negativo sobre la
población más vulnerable.
Ha de
reconocerse que los tres pilares básicos de nuestro Estado de bienestar (sanidad,
educación y pensiones) en lo sustancial se mantienen con cierta dignidad, especialmente
gracias al esfuerzo redoblado de los funcionarios públicos, a pesar de
producirse un obvio deterioro en los mismos. Por el contrario, en otros ámbitos
los efectos negativos se están haciendo sentir con mayor crudeza, incidiendo
por desgracia sobre los sectores de la población que resultan más débiles.
Desde los más
diversos organismos e instituciones, nacionales e internacionales, se está
llamando la atención en relación con los efectos ciertamente negativos en
nuestro país del incremento de la brecha social de la desigualdad, con
intensidad bastante superior a la que se está verificando en otros Estados próximos
y similares al nuestro: Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Consejo
Económico y Social de España (CES), Cáritas Española, los propios datos oficiales
sobre la estructura del PIB, así como especialmente el coeficiente de Gini de
Naciones Unidas del ranking de países por nivel de desigualdad. Cada uno de
ellos, desde su particular perspectiva, confluyen en consideraciones similares:
los riesgos de desestructuración social a resultas de una distribución
desequilibrada de los sacrificios derivados de la crisis económica, por cuanto
que la capacidad de resistencia y adaptación es mucho más limitada para ciertos
concretos grupos sociales.
No cabe la menor
duda de la marcha atrás que se ha producido en las prestaciones públicas de
atención a la dependencia, la significativa reducción del porcentaje de parados
cubiertos por la protección pública por desempleo, las disminuciones en las
rentas salariales de los niveles profesionales inferiores con la emergencia del
fenómeno de los llamados trabajadores pobres, la vulnerabilidad de la población
infantil frente a situaciones de pobreza familiar, la incapacidad de ciertos
segmentos de la población para hacer frente a habituales gastos del día a día
en materia de vivienda, el incremento de las diferencias en el reparto de la
riqueza entre las diversas Comunidades Autónomas, etcétera.
Desde algunos
ámbitos se puede considerar que éste no es el momento de poner el acento en
estos fenómenos, que no es necesario recordar algo ya conocido por todos; que ahora
podemos ser más optimistas, en la medida en que se observan ya datos objetivos
que apuntan hacia una superación de la crisis, incluso cuando parece que
comienza a crearse empleo en términos netos. Con ello, naturalmente, no se
quiere aguar la fiesta a nadie, ni mucho menos negar la evidencia de que estos
datos positivos efectivamente se están confirmando; ojalá se afiancen con
solidez y de manera estable.
Sin embargo,
precisamente porque parece que ahora definitivamente dejamos atrás esta dura
crisis, hay que llamar la atención sobre el hecho de que no existe
automaticidad entre repunte del crecimiento económico y una recomposición del
tejido social en clave más igualitaria. Nadie asegura que así sea y, más aún,
es posible que salgamos de la crisis sobre la base de construir una sociedad
diferente a la del pasado, abandonando las aspiraciones de recuperación de un
modelo social más igualitario. La gran esperanza se encuentra en el dato
constatado de que la población española aspira a recuperar las políticas
sociales igualitarias y rechaza modelos alternativos más individualistas.
Publicado en Diario de Sevilla el 7 de abril de 2014