URGE UN NUEVO ACUERDO SALARIAL

Existe una larga tradición de celebración de acuerdos interconfederales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de fijación de las pautas generales de desarrollo de la negociación colectiva en el conjunto de los sectores y empresas. Se trata de una práctica que se inicia con la transición democrática, pero que experimenta un intenso desarrollo y, sobre todo, tiene un notable impacto práctico a partir de la entrada en funcionamiento del euro, hace ya tres lustros. Se trata de una fórmula que, sin la menor duda, ha tenido un destacado éxito y efectos positivos de muy diverso tipo, tanto en el plano de lo económico como desde la perspectiva social. Se trata de acuerdos que especialmente han sido muy influyentes en sus contenidos relativos a la evolución de los salarios a pactar en los convenios colectivos, que se han trasladado con bastante fidelidad en la generalidad de los ámbitos y niveles de la negociación colectiva, atribuyéndole una coherencia y cierta homogeneidad de contenidos, a pesar de la elevada dispersión y desarticulación de la estructura negocial.

Sus orientaciones han ido evolucionando, conforme se ha transformado el escenario económico, adaptándose razonablemente bien a los cambios de coyuntura e introduciendo criterios novedosos en orden a fijar los referentes de la negociación salarial en los convenios colectivos, siempre proporcionando una tendencia razonable hacia la moderación salarial y el mantenimiento del poder adquisitivo en las retribuciones del conjunto de los ocupados. 

Han sido acuerdos que han buscado un cierto equilibrio entre los intereses de las partes, con compromisos en materia de flexibilidad laboral y en materia salarial introduciendo con el paso del tiempo criterios diversificados, relacionados con la evolución general de la economía, el incremento de la productividad en las empresas y cada vez más alejados de una automática vinculación de los salarios con la evolución de la inflación; eso sí, sin olvidar nunca su impacto sobre la misma con vistas a contenerla. Sobre todo han proporcionado elementos de tranquilidad en el desarrollo de los procesos negociales, restándole crispación y favoreciendo la fortaleza de los convenios colectivos como instrumentos de gestión de las políticas salariales para el conjunto de la economía.

Incluso en los momentos de mayor dificultad y dureza de la crisis económica y de fuerte destrucción de empleo, sindicatos y empresarios han logrado firmar útiles acuerdos de esta naturaleza. Baste recordar el último de ellos, firmado a principios de 2012 y que ha tenido plena vigencia y efectiva aplicación durante los tres últimos años.

A la vista de ello, sorprende la incapacidad, cuando no la aparente dificultad, en firmar en estos momentos una renovación de estos acuerdos para la negociación colectiva y el empleo, cuando sus negociaciones se vienen desarrollando desde el inicio del otoño del año pasado y no acaban de dar sus frutos. Primero hubo momentos de notable incertidumbre respecto de la posible recuperación económica y de la tendencia hacia la deflación, seguida por el proceso de renovación en la cúspide de la dirección de las organizaciones empresariales que impedía una negociación con interlocutores plenamente legitimados, a lo que después se añadió cierta interferencia por las discrepancias en torno a la reforma del sistema de formación profesional para el empleo que recientemente ha sido aprobada por el Gobierno. 

Superados los obstáculos precedentes, no se alcanzan a entender las razones que impiden ahora aproximar posiciones a sus respectivos protagonistas, cuando el escenario económico resulta más tranquilizador y un acuerdo de esta naturaleza podría aportar indiscutibles elementos de seguridad para las opciones de inversión empresarial en el inmediato futuro, al tiempo que puede ofrecer oportunidades de razonables y no desbordados crecimientos de los salarios, particularmente de los niveles más bajos, que proporcionen mayor alegría al consumo privado. El nuevo marco legal en el que se desenvuelve la negociación colectiva, tras la reforma laboral, ha debilitado de forma importante la firma de convenios colectivos en condiciones de igualdad entre las partes, de modo que tiende a reducirse la tasa de cobertura de los convenios colectivos y presiona a la baja en las condiciones de trabajo. En definitiva, un escenario de falta de acuerdo poco recomendable y, sin lugar a dudas, socialmente injusto por acentuar las desigualdades laborales en un nuevo contexto de repunte económico. 

En definitiva, parece oportuno que sindicatos y empresarios rompan la situación de impasse en la que se encuentran y asuman las posiciones de pragmatismo que siempre les ha caracterizado, en aras al logro de un necesario y oportuno acuerdo cuando menos en materia salarial.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE SEVILLA EL 14 DE ABRIL DE 2015

PAISAJE DEL EMPLEO TRAS EL 'TSUNAMI' DE LA CRISIS

Parece que finalmente la recuperación del crecimiento económico está provocando un cierto impacto positivo sobre el empleo, que esperemos sea sostenido y de mayor intensidad. Sin duda se detectan expectativas positivas, que se orientan hacia una nueva etapa, que definitivamente cierra el ciclo negativo.

Ahora la pregunta que hay que hacerse es cuál es el panorama para el inmediato futuro, tras un período tan dilatado y profundo de destrucción de empleo. El interrogante es qué impacto cualitativo ha tenido todo este duro proceso de reajuste y, en particular, cuál es el escenario previsible de evolución del empleo. La cuestión planteada de forma resumida es si todo el proceso sufrido ha servido para depurar el mercado de trabajo, para provocar una catarsis suprimiendo los empleos inviables al tiempo que se han creado los cimientos para a partir de ahora permitir un crecimiento en clave de mayor productividad y calidad del empleo, o bien por el contrario nos hemos limitado simplemente a bajar unos cuantos peldaños en la escala de desarrollo económico, reducir los estándares laborales, para situarnos en un panorama de deterioro generalizado del mercado de trabajo.

Por desgracia, todos los indicios presentan un paisaje tras el ‘tsunami’ de lo más desalentador, donde la respuesta se escora en esencia en la segunda dirección. Es cierto que se aprecian algunos espacios de real cambio estructural, pero la tónica general es la contraria: desde el punto de vista cualitativo en el mejor de los casos nos encontramos en la casilla de partida, sin haber corregido ninguno de los problemas de fondo.

La prueba más significativa de todo ello se aprecia cuando, apenas repunta el empleo, el sector donde más crece es de nuevo en la construcción, al propio tiempo que la hostelería también se presenta como uno de los focos clásicos de creación de empleo. En definitiva, se vuelve a la centralidad de sectores tradicionales, que sólo proporcionan empleos descualificados, de mero uso intensivo del trabajo y escasa productividad, cuando a los jóvenes se les pretende orientar hacia la alta formación y empleabilidad. Lo que se postula como antídoto a la volatilidad del empleo, el reforzamiento del sector industrial y de las actividades con mayor potencialidad de innovación y productividad, no se vislumbra como cambio cualitativo resultado de una reforma real del mercado de trabajo.

Pero es más, el resto de los datos que se pueden traer como referencia abundan en que desde el punto de vista cualitativo no hemos cambiado sustancialmente nada, sino que, por el contrario algunos elementos de carácter estructural se han deteriorado, al margen del dato cuantitativo de la fuerte destrucción de empleo sufrida. Por sólo señalar los más relevantes, cabe destacar los siguientes.

Se advierte una tendencia poco apropiada al crecimiento del empleo a tiempo parcial, que por su debilidad ni es creación sólida de empleo ni proporciona los medios imprescindibles de suficiencia de ingresos, lo que desemboca en que el grueso de ese empleo parcial sea involuntario desde el punto de vista de los trabajadores así contratados, es decir aceptado como mal menor a la vista de que no se les ofrece trabajo a tiempo completo. No ha cambiado la cultura de la temporalidad entre el empresariado, de modo que se mantiene la preferencia por la contratación temporal, aunque sea abusiva, como simple instrumento de adaptación de las plantillas; se incrementan las ya de por sí altas tasas de rotación en el mercado de trabajo, de modo que el tiempo medio de duración de los contratos se ha reducido notablemente, con una intensa presencia de contratos de muy corta duración, al mismo tiempo que resulta más difícil afianzar materialmente los que formalmente se presentan como contratos por tiempo indefinido. 

El proceso de depreciación salarial sufrido se ha repartido de manera desigual, de modo que ha afectado en mayor medida a los empleos más descualificados, lo que a corto y medio plazo sólo puede provocar un mal incentivo hacia la creación de empleos escasamente productivos y de poca calidad. En fin, se ha producido una importante reducción del tamaño medio de las empresas, olvidando que en esta materia el tamaño es clave para un crecimiento sostenido en el tiempo, una mayor capacidad exportadora, una creación sólida del empleo, basada en criterios de productividad empresarial y calidad de este empleo.

En definitiva, si no se corrigen estos elementos, que a la postre resultan los claves para determinar un crecimiento sobre bases firmes en un escenario cada vez más complejo de una economía irreversiblemente globalizada, podremos concluir que no hemos aprendido casi nada de los errores del pasado, de modo que se volverá a un modelo de empleo volátil y de escasa productividad, que al menor contratiempo volverá a desangrarse en masa.

PUBLICADO EN DIARIO DE SEVILLA EL 16 DE MARZO DE 2015

REFORMA DE LA DURACIÓN DE LOS GRADOS UNIVERSITARIOS

Las Universidades españolas en los últimos años se están sometiendo a un ojo escrutador público muy intenso, en algunas ocasiones con una presunción de que se está deteriorando notablemente la calidad de la formación que proporcionan, no respondiendo debidamente al perfil de los profesionales que demanda el mercado, al tiempo que las Universidades pierden protagonismo en su participación en el desarrollo de la investigación potente orientada a la innovación y el desarrollo que necesita el país. En muchas ocasiones tales consideraciones críticas resultan sobradamente fundadas, si bien al propio tiempo estamos escasos de evaluaciones objetivas de resultados que detecten donde se encuentran los fallos; unas evaluaciones que acierten especialmente en las medidas más apropiadas para reorientar el rumbo de una institución que debe ser central en tantas vertientes de la sociedad compleja que vivimos. Eso sí, a veces se olvida que la Universidad también ha sufrido un notable deterioro derivado de la reducción del gasto público, con notable presión sobre quienes la gestionan y prestan el correspondiente servicio público.

Este contexto con toda seguridad no es el más adecuado para efectuar parcheos, medidas que retocan aspectos aislados del sistema, sin considerar el impacto que tienen sobre el resto del modelo y, desde luego, que se presentan en el peor momento. Poco recomendable resulta empezar exclusivamente a actuar sobre la duración del actual sistema de grados universitarios, como si se pudiera tocar sólo ese elemento sin reconsiderar el resto del modelo. Por ejemplo, no se toma en consideración qué impacto puede tener todo ello sobre las asignaturas básicas del primer año, la subsistencia de los erasmus, la pervivencia de las prácticas externas de los alumnos o la función del trabajo fin de grado. En definitiva, se cambia una importante ficha del edificio sin explicar donde se encuentra su efectivo fundamento, sin presentar el imprescindible estudio previo de diagnóstico y objetivos, así como la ponderación de costes económicos de todo ello.

Resulta obligado tener en cuenta que en estos momentos apenas han salido dos promociones del actual sistema de grados a cuatro años y ya se pretende cambiarlo, que desde fuera el mercado de trabajo apenas tiene capacidad para conocer las diferencias entre unas formaciones y otras para selección de su personal, que un proceso de cambio de planes de estudios supone un ingente número de horas de trabajo para el conjunto del profesorado que desvían el esfuerzo cotidiano, etc.

En todo caso, lo más difícil de comprender es la razón de ser del cambio que se propone. Así, el Real Decreto recién aprobado viene a defender que el actual sistema español difiere por completo del que funciona en el resto de Europa, cuestión más que discutible cuando se observan notables diferencias entre unos y otros Estados y algunos de ellos están ahora arrepentidos de haber hecho ciertos cambios e igual los reconsideran. En todo caso, aceptando que es cierto que es precisa una homogeneización con el resto de Europa, lo que no puede decirse al mismo tiempo es que se ofrece un sistema flexible, derivando a cada Universidad que decida la duración que quiere establecer para sus títulos. Efectivamente, es cierto que resulta necesaria una homogenización de las titulaciones, pero en tal caso el Gobierno de la nación debería coger el toro por los cuernos y decidir cuál es la duración más adecuada, pues de lo contrario tendremos un resultado caótico. Salvo que todo sea ficticio, un puro artificio, por cuanto que después en el fondo lo que se pretenda sea obligar, por vía de la financiación ofrecida a las Universidades, a programar todos los grados con idéntica duración, o bien porque una vez que una Universidad introduce los grados de tres años, acabaremos todos a una como Fuenteovejuna.

 

Es cierto que hace falta flexibilidad en esta materia, pero no para que cada Universidad establezca un criterio distinto, sino flexibilidad según la naturaleza de los estudios. Lo que casi nadie se atreve a reconocer es que hay cierto tipo de estudios que requieren grados de mayor duración y otros de menos, pero a igualdad de estudios la misma duración en todas y cada una de la Universidades. Claro que, para hacer esto, de nuevo es preciso que de manera unificada se fijen a nivel estatal qué estudios requieren tres años y cuáles cuatro años. Y, obviamente, para todo ello es preciso que también a nivel estatal se fije un catálogo unificado de titulaciones, así como unas directrices básicas comunes de los contenidos de cada título, pues lo contrario nos reconduce a intereses corporativos internos que en nada velan por los generales del sistema. Sólo con ese marco básico común a nivel estatal se puede lograr realmente una auténtica y necesaria homogeneización con Europa.

PUBLICADO EN EL DIARIO DE SEVILLA EL 16 DE FEBRERO DE 2015

NO ES PAIS PARA JÓVENES

En estos momentos parece indiscutible que vivimos en un país que ofrece escasos atractivos y, sobre todo, muy limitadas expectativas de futuro a nuestra población más joven. El paro sigue siendo el problema más preocupante de todos los que se presentan a la sociedad española, pero el mismo se desborda hasta límites insospechados cuando atendemos a las cifras de desempleo juvenil, más aún si las referimos a territorios como Andalucía donde el problema ya se observa como inasumible. 

Más aún, posiblemente las estadísticas reflejan de modo algo edulcorada la completa realidad: en dichos datos no se recoge el alto número de aquellos que en forma de goteo paulatino pero continuado contra su voluntad se están marchando a buscar oportunidades reales fuera de nuestras fronteras, con el dato decisivo de que son los mejor preparados y con mayor capacidad de iniciativa; no se recogen aquellos que permanecen en el “circuito” formativo exclusivamente por no caer en la pasividad y dejadez, pero que a estas alturas poseen una contrastada especialización y se encuentran sobrados de conocimientos para incorporarse de manera inmediata al mercado de trabajo apenas que se les ofrezca una oportunidad; sin olvidar tampoco a aquellos otros que, no teniendo expectativas de encontrar trabajo en el corto plazo, se recluyen en las casas paternas, sin ni siquiera molestarse en inscribirse en los registros oficiales de búsqueda de empleo, de modo que a tales efectos no cuentan y permiten hacer la vista gorda de la cruda realidad.

A partir de ello, lo peor es que se suelen hacer diagnósticos de elevada simplicidad, con frases que se pretenden grandilocuentes, pero que significan poco: se declara que nos enfrentamos a una generación perdida, cuando siguen con la esperanza de que se le ofrezcan las mismas oportunidades de las generaciones que les preceden; se afirma que han fracasado las políticas activas de empleo, como si éstas fuesen responsables del conjunto de las carencias del mercado de trabajo y como si éstas fuesen capaces de crear por sí mismas el empleo que no logra impulsar una actividad económica que no despega con suficiencia; se propone que hay que incentivar a los jóvenes a que busquen activamente empleo, como si éste se encontrarse escondido debajo de las piedras; se habla de que tenemos un problema de paro juvenil como si las carencias estuvieran en ese frente, en las aptitudes o actitudes de los jóvenes, como si fuera algo de su responsabilidad y no algo endémico de todo el mercado de trabajo.

En sentido estricto no existe un problema específico de desempleo juvenil sino de desempleo a secas, lo que obliga a tener presente el mercado de trabajo en su globalidad, siendo en estos momentos escasamente influyentes las peculiaridades del trabajo de los jóvenes. Lo que ha sucedido es tan simple como que en épocas de crisis se opta por conservar los puestos ya existentes, con bloqueo de nuevos ingresos y, por ende, aumentando más y más la bolsa de los jóvenes que hasta el presente no han logrado trabajar nunca.

La única singularidad de los jóvenes se encuentra en su ausencia de experiencia laboral, que provoca un lógico retraimiento de las empresas a su contratación por la incertidumbre de los resultados y su presumible inferior productividad inicial. En algunos casos, a resultas del fenómeno extendido del abandono escolar temprano, también se aprecian carencias formativas, incluso para el desempeño de trabajo de baja cualificación. Lo uno y lo otro justifica un tratamiento particular desde el punto de vista laboral del primer acceso al empleo de la población juvenil, para lo que pueden resultar de utilidad los mecanismos de formación profesional dual, así como los contratos de trabajo formativos. En todo caso, ello ha tenido escasos resultados y, sobre todo, no constituye ahora el factor principal de corrección a los desequilibrios en el paro de los jóvenes. 

Al final, como si todo ello fuera derivado de que los jóvenes no tienen mucho que ofrecer, no se nos ocurre otra idea más feliz que la de proponer incrementar ‘ad infinitum’ las oportunidades de becas, cuando a estas alturas a la mayoría de ellos lo que les sobra ya es formación. O bien la única idea original que aparece es la de proponer salarios más bajos para ellos o peores expectativas de estabilidad en el empleo, pues así se piensa que se incentivará su contratación, cuando el problema es que las empresas no tienen capacidad de crecer con más fuerza y la economía de reconstruir un tejido industrial diezmado. Por esa vía poco vamos a lograr, por cuanto que se trata de un terreno ya bien trillado y del que la experiencia muestra que poca siembra se obtiene. Definitivamente, si no somos capaces de  encarar los problemas con más ambición difícilmente podremos conseguir que éste vuelva a ser un país para los jóvenes. 

PUBLICADO EN EL DIARIO DE SEVILLA EL 25 DE ENERO DE 2015