AYUNTAMIENTOS Y EMPLEO

Las dificultades económicas por la que atraviesan ciertos Ayuntamientos han provocado despidos colectivos, previa autorización de la Junta de Andalucía, que han tenido una notable repercusión. Probablemente la situación tenga mayor intensidad de lo que parece, pues las tasas más altas de temporalidad existentes en estas Administraciones Públicas les permite limitarse a no renovar los contratos temporales vigentes, o bien a reducir las contrataciones externas con empresas de servicios.

 A primera vista se trata de una consecuencia más de la crisis económica actual que vivimos, no escapando a ello los Ayuntamientos, pero sin que pueda presentarse como algo especial. Sin embargo, lo singular reside en que tales medidas no habían sido adoptadas en crisis de empleo pasadas, ni siquiera en la muy intensa de inicios de los años noventa. Más aún, por algunos se ha defendido que estos despidos a través de expedientes de regulación de empleo no son posibles en las Administraciones Públicas, dado que mientras que a una empresa puede sobrevenirle una situación económica que le obligue a recortar empleo, las entidades públicas nunca pueden quebrar y, por tanto, nunca está justificado autorizar estos despidos. Sin embargo, sin entrar en tecnicismos innecesarios, conviene destacar que la normativa no diferencia entre trabajadores del sector privado y del público; siendo personal laboral, a todos se les aplica por igual la legislación sobre despidos. Por ello, aceptemos que si un Ayuntamiento se encuentra en situación de constatado desequilibrio económico, de entidad suficiente como para no poder hacer frente a los costes laborales del total de su plantilla, queden justificados los despidos colectivos en la proporción necesaria. No hay argumento razonable para defender que los empleados públicos puedan reclamar privilegios e inmunidades, que no poseen quienes trabajan para empresas privadas.

Ahora bien, sin que con ello me esté refiriendo a los casos concretos de los Ayuntamientos directamente afectados que personalmente desconozco, en términos generales, si se ha podido llegar a esta situación en el ámbito de las entidades locales, ello ha sido básicamente porque se ha incurrido en dos errores manifiestos en la política municipal; errores que conviene reconocer y procurar que no se repitan.

En efecto, de un lado, existe una larguísima tradición de utilizar a las Administraciones locales, particularmente en el medio rural, como instrumento de inflar el empleo de su personal, como fin en sí mismo de facilitar medios de subsistencia a sus convecinos, a la vista de las carencias de la iniciativa empresarial creadora de empleo en ese medio, y no tanto por una prestación de servicios públicos que requieren de profesionales cualificados y especializados. Sin pretender criticar lo que se tuvo que hacer en el pasado en un contexto diferente, hoy en día los Ayuntamientos en muchos casos se han convertido creadores de subempleo ficticio. El corolario lógico no es otro que hacer hincapié en que los Ayuntamientos, aparte de prestar unos buenos servicios públicos a la ciudadanía, deben centrar su atención en la dinamización económica de su entorno, propiciando el asentamiento sólido de empresas en su territorio, pues de lo contrario el resultado es pan para hoy y hambre para mañana.

De otro lado, probablemente más importante, los Ayuntamientos han vivido un período singular, en el que han obtenido ingresos extraordinarios gracias a las grandes operaciones urbanísticas. Incluso cuando éstas han sido ordenadas racionalmente, en casi todos los casos se ha hecho un uso indebido de tal financiación pública excepcional, pues los correspondientes ingresos no se han destinado en lo fundamental a la construcción de equipamientos públicos e inversiones de infraestructura general, como debería ser, sino que en gran medida han ido a parar a gastos corrientes, por tanto a pagar las nóminas de su personal. Así se explica que si la presente crisis tiene como una de sus causas un fuerte parón en la construcción, ello haya repercutido de manera automática sobre la financiación de los Ayuntamientos y, con ello, en dificultades de continuar con el personal contratado. En algunos casos se resienten los servicios públicos proporcionados por unas entidades que atienden necesidades básicas de los ciudadanos. A la postre, como no se resuelva de forma estructural y coherente el sistema de financiación de los Ayuntamientos veremos que este asunto, por ahora puntual, puede hacerse más grave y provocar una preocupante conflictividad.

TRABAJO INFANTIL: UN MAL EJEMPLO

Una de las señas de identidad de una sociedad con un alto nivel de calidad de vida se manifiesta en la atención y trato que les otorga a los niños. Por ello, en el conjunto de los países desarrollados constituye un valor plenamente consolidado y unánime la idea de que los niños y adolescentes no deben efectuar trabajo productivo alguno, debiendo dedicarse en su primera etapa a disfrutar del juego y posteriormente a la adquisición de una educación en las muy diversas facetas de la vida. Naturalmente, nos referimos a la situación general de los países de nuestro entorno, pues bien son conocidas las situaciones sangrantes de explotación sin paliativos del trabajo infantil en los países menos desarrollados e incluso en aquellos otros que han experimentado un fuerte desarrollo económico en las últimas décadas. En todo caso, centrándonos en la situación española, desde mucho tiempo atrás se ha establecido una estricta prohibición del trabajo infantil en consonancia con lo que imponen los Tratados internacionales sobre la protección de la infancia y los derechos del niño, prohibición que se respeta de manera muy generalizada.

A pesar de lo anterior, se advierte una quiebra llamativa en esta materia, que suele pasar inadvertida y que, a mi juicio personal, tiene una notable trascendencia, por mucho que en términos cuantitativo afecte a pocos. En efecto, mientras que existe un rechazo generalizado del trabajo infantil en la actividad productiva ordinaria, no sucede lo mismo ni mucho menos cuando hablamos de actividades artísticas en espectáculos públicos o en ciertos deportes de competición. Ahí la conciencia social dominante resulta mucho más permisiva. Bien sea por la discutible idea de que se trata de actividades en el entorno del ocio y que se presumen supone la realización de algo satisfactorio en lo personal, por las expectativas de conseguir con rapidez prestigio o éxito social que aseguran unos ingresos económicos fáciles y elevados no alcanzables para ciertas personas por vías profesionales más clásicas, o bien simplemente por el hecho de que a todos nos provoca su gracia contemplar a niños opinando, contando chistes o actuando en ciertos programas televisivos, a veces incluso con ciertas dosis circenses, lo cierto es que existe una común aceptación de la bondad de que algunos desde muy temprana edad se dediquen a este tipo de actividades artísticas y deportivas.

Lo grave es que cada vez más se observa como estos niños y adolescentes se dedican fundamentalmente a esta tarea, llegando a profesionalizarse, para colmo con el apoyo incondicional de su familia. Nadie se pregunta hasta qué punto ello se produce con una fuerte merma del tiempo que deberían dedicar a su formación obligatoria. Lo más preocupante es que ciertos estereotipos por ellos representados influyen decisivamente en la población que los contempla en los medios y acaban transmitiendo mensajes subliminales nada edificantes, como son los relativos al éxito fácil, con demérito del esfuerzo intelectual y de formación que deben constituir valor universal para todos. No es mera anécdota que hace poco, en una publicación de amplia difusión, uno de estos personajetes, que precisamente empezó en actividades televisivas a temprana edad y hoy ya crecidito, ante la pregunta de si le preocupaba la situación económica que vivimos, respondía, probablemente queriendo hacerse el gracioso, que su receta era que todo el mundo debía “pensar menos y beber más”; se ve que lo suyo no es pensar y prefiero imaginar que de lo segundo no haya en exceso. Estos mensajes acaban calando en la sociedad y no deberíamos dejar de denunciarlos, porque al final influyen más de lo que creemos. No es exagerado relacionar este tipo de condescendencias sociales con la situación que últimamente se resalta de que nuestro país presenta elevadas tasas de fracaso escolar, doblando la media europea y donde, por desgracia, se observa una fácil predisposición a una incorporación demasiado temprana de los jóvenes al mercado de trabajo, acostumbrándose a unos ingresos económicos reducidos, pero de los que después no es nada fácil prescindir.

Aunque fuera como un granito de arena de colaboración, podría resultar conveniente que las televisiones alcanzaran un compromiso entre ellas de evitar abusos en esta materia, abandonando tanto objetivo comercial de cuota de pantalla. Tampoco vendría nada mal una menor tolerancia por parte de las Administraciones Públicas, que no deberían permitir ciertas prácticas  y excesos, pues tienen medios para impedirlos.

SIGNIFICACIÓN GENERAL Y PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD

E N L A C E  A L   A R T Í C U L O



La incorporación de la mujer al trabajo retribuido ha experimentado un incremento espectacular en los últimos tiempos, a pesar de lo cual se mantienen o incluso surgen nuevos desequilibrios en el mercado de trabajo en su perjuicio, por lo que afecta a su empleo y condiciones de trabajo, así como en el ámbito de la protección social. Las acciones legislativas y de políticas públicas emprendidas desde la implantación de nuestro actual modelo constitucional han sido recurrentes, muy variadas e intensas en orden al logro de un escenario de plena igualdad de oportunidades, a pesar de lo cual se siguen observando sus insuficiencias en orden a profundizar en los objetivos propuestos y compartidos.

De ahí la trascendencia de la reciente Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que pretende ofrecer un nuevo enfoque a la intervención de los poderes públicos y privados en materia de políticas de igualdad. Las señas de identidad más destacables de la Ley se cifran en la transversalidad, la efectividad y la corresponsabilidad en la asunción de las cargas familiares. La transversalidad, en cuanto que se valora que las causas históricas de la postergación laboral y social de la mujer son muy plurales y de diversa caracterización, lo que requiere actuar sobre muy distintos frentes y de forma coordinada. La efectividad, por cuanto que, afianzadas las reglas de tutela formal frente a conductas discriminatorias, se pretende el logro de una igualdad de oportunidades en el terreno de lo material, con vistas a superar en la realidad de los hechos los desequilibrios antes referidos, lo que se requiere la adopción de medidas de promoción directa y de acción positiva. La corresponsabilidad, en el sentido de propiciar que la conciliación de la vida familiar y laboral sea asumida en igual medida por los hombres.

El convencimiento de todos los protagonistas, que permite el desarrollo de la confianza mutua y de estrategias de consenso, permite penetrar en ámbitos más extensos que los tradicionales derivados de las técnicas jurídicas de intervención más clásicas, al tiempo que constituye el aval más garantizador de los buenos resultados esperables de la implementación de la Ley para la igualdad.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Uno de los cambios más significativos en la actualidad en nuestras sociedades desarrolladas es la presencia cada vez más intensa de numerosas personas que no pueden valerse por sí solas por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesitando de la ayuda de otros para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana. Se ha prolongado considerablemente la esperanza de vida, de modo que la población de más de 65 años ronda ya en España los 7 millones; incluso se aprecia un envejecimiento del envejecimiento, pues también se ha duplicado la población de más de 80 años. Enfermedades o accidentes que antes eran mortales hoy en día no lo son, gracias al avance de la medicina, si bien al propio tiempo aumentan quienes padecen de enfermedades crónicas o notables procesos de pérdidas de capacidades físicas o psíquicas, que limitan la autonomía personal e incrementan las necesidades de atención para mantener una vida digna. Algunas noticias que aparecen de vez en cuando de personas halladas muertas en sus domicilios, en la soledad y tras un prolongado período de tiempo, pueden constituir el iceberg de un problema cada vez más acuciante.

Personas con mayores o menores grados de incapacidad han existido en el pasado más reciente y en el más remoto, siendo uno de los signos de solidaridad su protección, no siendo abandonados a su suerte por parte de una sociedad digna de tal nombre. Eso sí, tradicionalmente eso se ha producido sobre todo por el redoblado esfuerzo de la familia, algunos de cuyos miembros han perdido a su vez autonomía y capacidad de integración social. No es casual que ello haya recaído básicamente en las mujeres dedicadas a las tareas domésticas, que durante parte de su vida se han tenido que dedicar al cuidado de sus hijos y más tarde al de sus mayores. Cuando la mujer se ha incorporado plenamente a la actividad profesional, no siendo ya un período limitado de su vida activa, ni pudiendo concebirse que la conciliación de la vida familiar y profesional sea la respuesta idónea a estas necesidades de atención a las personas dependientes, se perciben fácilmente los riesgos de abandono que pueden sufrir algunos.

Por añadidura, estas situaciones de necesidad no golpean por igual a todos. Quienes tienen medios económicos pueden paliar en mayor medida estas situaciones de dependencia, pero en mucha menor medida se pueden dar respuestas individuales para el resto. Más aún, la complejidad de servicios y asistencia que requieren estas personas, exige cada vez más de un sistema profesionalizado, no siendo suficiente con la ayuda desinteresada de los más próximos. Ni los familiares, ni las organizaciones de voluntarios, ni la población inmigrante con escasos niveles de cualificación profesional pueden ofrecer lo que necesitan algunas de estas personas en situaciones ciertamente delicadas; piénsese en quien padece de alzeimer o una demencia senil. Una cosa es el apoyo afectivo de los próximos y otra bien diferente la prestación de servicios que atienden a las necesidades materiales de quienes sufren estas desgraciadas situaciones.

Por todo ello, el establecimiento de unos buenos servicios sociales y asistenciales a  quienes no pueden valerse por sí mismos constituye uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos ya en el presente. Tan decisivo es que con razón se viene considerando que la formación de una completa red de atención a las personas dependientes supone la construcción del cuarto pilar de nuestro Estado de Bienestar, junto con la sanidad, la educación y las pensiones. El gasto social en nuestro país sigue situándose por debajo de la media europea y, sin duda, su incremento para atender a las personas en situación de dependencia lo merece.

Si en principio todos podemos estar de acuerdo en lo anterior, también hemos de ser conscientes de que ello requiere de un fuerte esfuerzo de financiación pública, que a la postre no sale de otro sitio que de los impuestos que todos pagamos. Algunas medidas enfocadas a la conformación de tales servicios pueden provocar ahorro en otros campos; por ejemplo, la experiencia de otros países es manifiesta en el ahorro en  el gasto sanitario. Pero ello, en todo caso, no será suficiente, por lo que el esfuerzo de solidaridad entre todos vía impuestos será imprescindible. No menos importante es el hecho de que por haberse decidido que estos servicios sociales sean asumidos plenamente por las Comunidades Autónomas, como competencia de asistencia social, puede provocar desequilibrios territoriales, con un escenarios donde unos por razón de su residencia gocen de unos razonables servicios de atención a las personas dependientes, en tanto que en otros sitios la atención sea mucho más deficitaria. El establecimiento de un umbral mínimo de derechos iguales para todos se hace imprescindible también en aras de la construcción de una sociedad con menos desigualdades.

EN BUSCA DE LA ESTABILIDAD PERDIDA: LAS CAUSAS DE LA TEMPORALIDAD

E N L A C E  A L  A R T I C U L O 

Desde los inicios de la década de los años ochenta los requerimientos de flexibilidad de las empresas en España se han concentrado prevalentemente en el uso de las diversas modalidades de contratación temporal ofrecidas por nuestra legislación laboral. El resultado ha sido una fuerte presencia de la contratación de duración determinada en nuestro mercado de trabajo.