En
los últimos tiempos se están produciendo declaraciones de portavoces de
diversas organizaciones empresariales, en algunos casos con propuestas variadas
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la economía, las relaciones laborales o
la organización administrativa, asumiendo un protagonismo público que hasta el
momento era casi desconocido. Se trata de entidades dispares, como son el
Círculo de Empresarios, el Instituto de la Empresa Familiar, el Consejo
Empresarial para la Competitividad, la Asociación de Trabajadores Autónomos y
otras similares. Ante todo, habría que dar la bienvenida a cuantas instituciones
de este tipo se incorporen a un más que importante debate sobre el futuro económico
y social en nuestro país, tan necesitado de atender a aspectos capitales que
permitan recuperar definitivamente y con solidez la senda del crecimiento
económico y, especialmente, resolver el agudo problema de la carencia de
empleo. Debate particularmente importante cuando los medios de comunicación,
ahora por razones comprensibles, ponen el foco de atención en otros aspectos
claves de la regeneración democrática y estructura política de nuestro sistema,
pero que no deben hacer olvidar la trascendencia de las cuestiones
estructurales económicas y laborales.
En
todo caso, más allá de la valoración positiva o crítica a las medidas de
reforma que provienen de estos foros, me interesa resaltar otro aspecto
institucional que puede pasar más inadvertido y que considero de especial
significación: las características de estas organizaciones empresariales, las
funciones que asumen y la representatividad que ostentan. Lo que identifica a
estas organizaciones es su notable diversidad en cuanto al tipo de empresas a
las que integran, representando intereses parciales del empresariado, tratándose
en casi todas las ocasiones de organizaciones formadas por empresas concretas e
individualizadas, con nombre y apellidos. Dicho en negativo, que es lo más significativo
en este caso, ninguna de estas organizaciones se configuran como asociaciones
empresariales de las previstas por el artículo 7 de la Constitución; es decir,
no se constituyen como las organizaciones por excelencia de representación de
los intereses del conjunto del empresariado, tanto desde la perspectiva
económica como de la laboral.
Esta
condición de asociaciones empresariales en el sentido constitucional del
término las asumen en el sistema constitucional la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME), así como todas las organizaciones sectoriales y
territoriales integradas en ellas. Lo especialmente sorprendente es que, frente
a la reciente intensa actividad pública de las primeras mencionadas, éstas
últimas como asociaciones empresariales de rango constitucional presentan un
perfil bajo, como si hubieran pasado a tener un papel secundario o marginal,
casi desaparecidas del escenario público, cuando constitucionalmente deben ser
el referente principal para representar al empresariado en su conjunto, siendo
por ejemplo las únicas legitimadas legalmente para asumir determinadas funciones,
especialmente las que conciernen al ámbito de las relaciones laborales así como
las llamadas a participar en los procesos de concertación social. Con ello no
pretendo menospreciar ni minusvalorar las actividades de las primeras
organizaciones, sino que ello es el resultado en gran medida de una soterrada
crisis del asociacionismo empresarial, que ha venido constituyendo el
interlocutor clave en el sistema constitucional, tanto desde el punto de vista
económico y laboral como desde el específicamente político.
Por ello, no se trata de
una cuestión anecdótica, pues constituye un exponente más de la crisis
institucional que estamos viviendo, del descrédito de ciertas entidades que
hasta el presente han sido claves en la estructuración del tejido social y
político del país, que igualmente está afectando a las asociaciones
empresariales propiamente dichas, sin tener que ocultar que los asuntos de
corrupción que se están conociendo en los últimos tiempos también les están
afectando. Pero al propio tiempo, lo que no podemos es desmontar el entramado
representativo derivado del modelo constitucional. Como muchas otras
instituciones y organizaciones sociales que han protagonizado el funcionamiento
de nuestro sistema social y político en las últimas décadas, las asociaciones
empresariales tienen que asumir sus responsabilidades por el deterioro del
funcionamiento del modelo constitucional, de su integridad y coherencia; pero,
al mismo tiempo, resultan imprescindibles para mantener unos esquemas de
representatividad global e institucionalizada, pues la alternativa es el riesgo
de la parcelación de los intereses o bien de la aparición de lobbies poco
aconsejables por su falta de transparencia y de corresponsabilidad.
PUBLICADO EN DIARIO DE SEVILLA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014
