EL sistema público de pensiones adquiere un carácter central en una sociedad desarrollada, tanto desde el punto de vista social como desde el económico. Desde lo social basta con tener presente que las pensiones públicas constituyen el medio de subsistencia de un número muy elevado de personas, pues el total de pensionistas en estos momentos supera los nueve millones. Igualmente, desde lo económico, si se tiene en cuenta el volumen de gastos público que supone, en términos tales que las mismas vienen a representar más del 10 % del PIB. De ahí que sea decisivo, por muy diversos motivos, conseguir el mantenimiento del sistema de pensiones, logrando tanto una situación de equilibrio financiero en el corto plazo como de sostenimiento del modelo en el medio y largo plazo.
Eso sí, lo que no puede es confundirse uno y otro plano, que es lo que hacen algunos, de modo que aprovechando el paso del Pisuerga intentan alterar las claves del modelo de Seguridad Social contributiva que nos hemos dado a partir del Pacto de Toledo. Dicho de otro modo, a dificultades en el corto plazo lo que corresponde es adoptar medidas coyunturales de aseguramiento del equilibrio de la situación actual, mientras que a retos en el medio y largo plazo corresponderían cambios de carácter estructural.
Indiscutiblemente en el corto plazo tenemos un grave problema de desequilibrio derivado de la grave crisis, que ha producido una intensa destrucción de empleo y, con ella, una caída muy considerable del número de cotizantes a la Seguridad Social. Si antes del inicio de la crisis se alcanzaron los 20 millones de cotizantes y actualmente apenas se superan los 16,3 millones, con un mantenimiento cuando menos del mismo número de pensionistas, es fácil comprender la envergadura del déficit de ingresos actual; más aún, cuando en paralelo los salarios de los ocupados se están reduciendo y, con ello, disminuyendo también la cotización media por trabajador.
Todo ello está obligando a acudir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder abonar cuando menos las dos pagas extraordinarias anuales de los pensionistas, lo que supone darle un bocado muy fuerte de 10.000 millones a la hucha de las pensiones. Precisamente para eso está el Fondo de pensiones: para engrosarlo en los momentos de crecimiento y para utilizarlo en los momentos de dificultad. Ahora bien, la cifra del déficit actual es tan elevada que no resulta aconsejable compensar el déficit coyuntural sólo con lo ahorrado a través del Fondo y que sea oportuno adoptar otras medidas complementarias.
Eso explica que el Gobierno pretenda alterar el actual mecanismo de revisión automática de las pensiones, que conforme a la regulación actual deberían aumentar como mínimo en la misma cuantía que la inflación. Resulta comprensible que se establezca algún tipo de corrección al efecto, de modo que en momentos de crisis las pensiones no suban automáticamente en la cuantía de la inflación, provocando ciertamente una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, de manera similar a lo que le está sucediendo a la población ocupada. Eso sí, para alcanzar un pacto social equitativo, esa pérdida debe tener su debida compensación, que es precisamente lo que le falta a la propuesta gubernamental; y esta compensación no puede ser otra que la del compromiso legal de que cuando cambie el ciclo y volvamos a crecer se beneficien también los pensionistas, de modo que se establezca en firme la regla de proceder a los necesarios incrementos para recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida.
Frente a ello, y como algo totalmente diferenciado, se encuentran los posibles retos en el medio y largo plazo, que no se pueden confundir con los anteriores. La premisa de partida es que una vez se recupere la senda del crecimiento y, con ella, el incremento de cotizantes, en lo sustancial el sistema se encontrará financieramente equilibrado y, en su caso, será en ese momento en el que habrá que contrastar si es preciso abordar medidas de carácter estructural. Si concurre algún problema adicional, éste puede ser el relativo al envejecimiento de la población y, con el mismo, la prolongación del tiempo de disfrute de las pensiones. Ahora bien, para hacer frente a ello se acometió una importante reforma en el año 2011, siendo todavía pronto para evaluar su impacto. En todo caso, de apreciarse que esta reforma no resulta suficiente, se podrían explorar medidas de ajuste complementarias, que no alteren el modelo constitucional de pensiones suficientes, como podría ser adelantar la fecha de generalización de la edad de jubilación a los 67 años. Lo que no resulta defendible es introducir fórmulas como las que proponen algunos de utilizar el llamado "factor de sostenibilidad" de manera oculta para provocar una reducción drástica y permanente de la cuantía de las pensiones públicas, en una operación de "a río revuelto, ganancia de pescadores".
Publicado en Diario de Sevilla el 5 se septiembre de 2013
