Tal como era de esperar, la paralización de la actividad
económica derivada de la crisis sanitaria ha provocado una fuerte reducción de
empleo, a semejanza de lo que ha sucedido en la práctica totalidad de los
países a los que la pandemia ha obligado a adoptar medidas de confinamiento.
Las cifras de cerca de 850.000 afiliados menos son tan abrumadoras que no
resultan comparables con ningún momento histórico precedente, porque tampoco
hemos llegado a vivir una situación de excepcionalidad como la que nos
encontramos. Si acaso, tiene parangón con lo sucedido en el momento más crítico
de destrucción de empleo de la última crisis económica, pero ni siquiera es plenamente equiparable
con la misma, dado el impacto muy superior que, por lógica, supone una
intervención dirigida directamente a parar la economía, mientras que en aquel
momento de 2008 el poder público intentó hacer lo contrario.
Más
aún, a pesar de la dureza de los datos, la hemorragia podría haber sido mucho
mayor. Cuando menos cuatro datos muestran elementos de contención que han
resultado muy efectivos y, como tales han logrado que las cifras hayan sido
bastante inferiores a lo que podía haber ocurrido en caso de no haber jugado estos cuatro
elementos como freno a la caída.
En
primer lugar, nuestro sistema productivo, sobre todo en el sector servicios,
gracias al proceso previo de digitalización del país, ha logrado con celeridad
reorganizarse para que un muy elevado porcentaje de la población, a pesar del
confinamiento, haya podido seguir prestando sus servicios por vía del
teletrabajo. La cifra en estos momentos de trabajadores a distancia se ha
disparado a cifras millonarias, que han logrado contener este efecto devastador
sobre el empleo.
En
segundo lugar, las medidas políticas que han fomentado la canalización de las
interrupciones del trabajo por vía de los ERTE, evitando los despidos, han sido
muy efectivas, a diferencia de lo sucedido con crisis precedentes que no dieron
resultado, de modo que se ha producido una fuerte contención de los despidos.
El porcentaje de trabajadores fijos que han perdido su empleo y reflejan los
datos de afiliación (poco más de 160.000, pero que representan menos del 20 %
del total de las bajas), muestra la efectividad de los ERTE. La cifra de los
trabajadores afectados por los ERTE ya tramitados (620.000) es todavía bastante
reducida si a estos se suman los que se encuentran en tramitación; todos ellos
han de ser contabilizados como situaciones para las que, cuando menos
provisionalmente, se ha logrado eludir el despido. Veremos si después la
economía tiene capacidad de recuperación y se confirma que estos trabajadores
pueden volver a la ocupación, pero al menos por ahora se ha logrado que no
engrosen las cifras de parados.
En
tercer lugar, la caída de la afiliación se ha concentrado en el Régimen General
de la Seguridad Social, con una contención muy notable del trabajo autónomo, donde las cifras de reducción de cotizantes no han sido elevadas
(40.900) lo que representa un porcentaje claramente más bajo (1,25 %) respecto
del producido entre los asalariados. A pesar de que la paralización de la
actividad productiva ha tenido un notable impacto sobre los autónomos, con una
fuerte caída de ingresos en sus negocios, parece que ello no ha conducido a un
cierre completo de los mismos. En la medida en que muchos de ellos han logrado
mantener un mínimo de actividad y de que han podido surtir efecto las medidas
de apoyo financiero y de ampliación de la prestación por cese de actividad,
igualmente se ha logrado contener una fuerte caída en la afiliación a la
Seguridad Social dentro del Régimen especial de Trabajadores Autónomos. En la
medida en que la paralización económica sea corta y se logre que las medidas de
confinamiento no se alarguen en el tiempo, podremos tener ciertas esperanzas
también de recuperación de la actividad para los autónomos. En caso de que no
sea así, este dato de escasa caída del empleo autónomo puede que se quiebre.
En
cuarto lugar, se intuye una importante actitud de retención de la afiliación en
el ámbito del servicio doméstico, por cuanto que en ese ámbito, sin ERTE, la
caída de la afiliación ha sido muy reducida (12.000), lo que representa un
porcentaje muy bajo respecto del total de afiliados (apenas un 1,6 %). Ello
muestra, por un lado, que estas personas, prácticamente todas ellas mujeres,
desarrollan una actividad imprescindible en la sociedad actual de cuidado
especialmente de mayores, que ni siquiera dejan de realizar sus tareas en este
escenario de confinamiento. Más aún, conviene resaltar el hecho de que dentro
de las cifras de caída de la afiliación, esta es menor entre las mujeres, por
cuanto que las mismas se encuentran en actividades que posiblemente sean peor
remuneradas, de menor exigencia en cuanto a cualificación profesional, pero
indiscutiblemente atendiendo en estos momentos servicios esenciales, que van
más allá de los cuidados a personal dependiente. Por ello, deberíamos
reflexionar una vez más acerca del valor del trabajo de la mujer en nuestro
mercado de trabajo. Por otro lado, no es descartable que esta baja caída de la
afiliación dentro del servicio doméstico sea inferior a las empleadas que han
dejado de trabajar en este contexto; no es descartable que se esté produciendo
una actitud de solidaridad por parte de ciertos hogares, que mantienen la
afiliación y puede que también la retribución, a pesar de que estén dejando de trabajar
y sin incorporarse a ERTE.
Aparte
de lo anterior, conviene también destacar el hecho de que el grueso de las
bajas en la afiliación se ha producido entre los trabajadores temporales
(550.000), lo que viene a representar con gran diferencia el porcentaje más
elevado de todos cuantos pierden el empleo (77 %). Ello muestra, una vez más,
el excesivo peso que tiene la temporalidad en nuestro mercado de trabajo, hasta
qué punto la contratación temporal sigue utilizándose por las empresas más como
mecanismo de mera flexibilidad en la salida al mercado de trabajo, y menos como
instrumento de atención a necesidades coyunturales del mismo. Sigue siendo una
de nuestras permanentes asignaturas pendientes la de corregir ese uso desviado
de la contratación temporal, que no atiende al principio de causalidad en la
contratación exigido por nuestra legislación laboral. En todo caso, este dato
de fortísima destrucción del empleo temporal muestra la importancia de la
medida adoptada por el Gobierno a través del último de los Reales Decretos-Ley
aprobados, ampliando las posibilidades de que los temporales disfruten de la
prestación por desempleo, aunque no hayan cubierto período previo alguno de
cotización a la Seguridad Social. A pesar de que su cuantía es reducida (unos
430 euros), en términos globales va a ser muy elevada para las arcas públicas a la vista de estos datos
de caída en la cotización de los temporales; igualmente, aunque se trata de una medida de
emergencia, sólo prevista para disfrutarse por un mes, también se contempla su
posible prórroga si el panorama de dificultad económica se prolonga en el
tiempo (art. 33.4 RDL 11/2020).
En
cuanto a la desagregación sectorial, los datos confirman lo que se podía intuir:
la destrucción sobre todo se produce en el sector servicios, teniendo como contraste
sobre todo el práctico mantenimiento del empleo en el sector agrario, dado el
carácter de bien de primera necesidad para la alimentación de todos. La caída es
significativa en la construcción y en la industria, aunque se trata de datos
previos a la ampliación del confinamiento desde el 30 de marzo. La expectativa
de que para estos sectores funcionen las medidas del permiso retribuido
recuperable o de la ampliación de los ERTE puede intensificar el efecto ya
indicado de contención de los despidos, a
través de la canalización de las interrupciones del trabajo por las dos vías
alternativas precedentes.
Por
último, desde el punto de vista territorial, se detecta cómo la caída ha sido
algo superior a la media en Andalucía comparada con el resto de España, al
extremo de que la provincia más golpeada de todas, como por desgracia suele ser
habitual, es Cádiz, al tiempo que entre las 9 provincias con mayor descenso se
encuentran 6 provincias andaluzas. La posible explicación de esta superior
caída puede encontrarse en, de un lado, el carácter más estacional del empleo
en Andalucía, y, de otra parte, el completo parón que se ha producido de toda
la actividad turística, tan relevante dentro del empleo de esta Comunidad Autónoma.
Sólo se encuentran entre las provincias que mejor resisten la caída
Huelva y Almería, probablemente por coincidir con el período de fuerte recogida
de la fruta temprana en el sector del plástico.
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