EDUCACIÓN O TRABAJO

La reciente sugerencia del Ministro de Educación de elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años ha provocado un nuevo debate acerca de la situación de la formación de los jóvenes y las medidas de política educativa que se deben acometer. La situación de la educación constituye un asunto crucial, dado que nos enfrentarnos a las tasas más elevadas de fracaso escolar de toda Europa, se  aprecian índices preocupantes de absentismo escolar, se denuncian en algunos centros problemas de disciplina y, especialmente, se advierte que el patrón de crecimiento económico al que deberíamos aspirar en el futuro debería estar basado en la importancia del capital humano y en la creación de empleo altamente cualificado. Para ello, necesitamos de profesionales bien formados, especialmente que las nuevas generaciones se incorporen a nuestro mercado de trabajo tras un período prolongado y fructífero de formación escolar y profesional. Para ello necesitamos de personas maduras y motivadas, lo cual hace dudoso que se vaya a lograr por medio de obligarles a seguir en fases educativas a quienes ya prácticamente adultos no desean continuar escolarizados. Por ello, el objetivo a conseguir debe ser el de que a los jóvenes a partir de los 16 años se les trate como adultos que son, de modo que se les convenza tras una formación integral previa de la necesidad de que continúen formándose, pero no que se les fuerce a ello; lo contrario, no hará sino trasladar acrecentados los problemas existentes hoy en día en las fases previas de escolarización obligatoria. Se trata de lograr que la mayoría de la población juvenil siga escolarizada, pero por la vía de la motivación y de lograr una superior calidad de los resultados de la educación obligatoria.

En todo caso, incluso en el contexto más optimista, siempre quedará una población desafecta a continuar estudiando y, sobre todo, un grupo significativo de jóvenes con un grado más o menos intenso de fracaso escolar. En particular, habrá que poner el punto de atención sobre estos últimos, buscándoles salidas y ofreciéndoles alternativas a la formación escolar prolongada que rechazan. A tal efecto, es importante transmitirles la idea de que, superada la edad de escolarización obligatoria, ellos en modo alguno carecen de obligaciones tipo alguno frente a la sociedad, ni la sociedad ninguna tampoco respecto de ellos; hay sobre todo que conjurar el peligro de que estos jóvenes, terminada la fase educativa, pasen a una situación de pasividad e inactividad total. Convendría remacharles la idea de que su salida del ámbito educativo les obliga y les da derecho a incorporarse al mercado de trabajo. En definitiva, que la alternativa tiene que ser o bien continuar estudiando o bien comenzar a trabajar, pero en modo alguno es el ostracismo.

La solución no es nada fácil, si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población entre 16 y 19 años que aspira a trabajar se encuentra desempleada, en concreto el 53,4 %, cuando la media para el conjunto de la población activa es del 18 %. Por ello, lo razonable es reducir al máximo el abandono escolar tras la edad de obligatoria escolarización, eso sí no por la vía de la imposición. Pero al propio tiempo, aceptar que a quien no se le convenza tiene que tener una alternativa, que no los condene a invernar a la espera de mejores tiempos. De un lado, habría que fomentar la incorporación de estos jóvenes al trabajo, por ejemplo, por la vía de incrementar la oferta de contratos de trabajo para la formación, incluso habría que pensar en la posibilidad de obligar a que quien viene del fracaso escolar sólo se pudiera contratar laboralmente por la vía de estos contratos para la formación; contratos que integran obligatoriamente un cierto porcentaje de tiempo dedicado a la formación teórica del empleado, de modo que sería una forma de pasaje menos brusco del abandono escolar a la integración en un mercado de trabajo sin cualificación profesional alguna. Naturalmente, si las cosas se quieren hacer bien, ello comportaría costes adicionales para las empresas, que de algún modo deben venir compensados por medio de programas públicos específicos de sostenimiento y apoyo económico. De otra parte, de no poderse encontrar empleo para todos, mejor sería su incorporación dentro del sistema de formación para el empleo de los servicios de colocación, sin obligarles a permanecer en un medio escolar tradicional que se ha comprobado que rechazan y cuya continuidad forzada no va a hacer otra cosa que incrementar los efectos negativos en nuestro sistema educativo.