lunes, 14 de julio de 2014

A vueltas con las bonificaciones





El Gobierno acaba de aprobar nuevas medidas de incentivos a la contratación laboral, en esta ocasión dirigidas a incentivar el empleo juvenil de aquellos que superando los 25 años se encuentren desempleados y no han seguido cursos o actividades formativas en el último período. Una vez más, sobre este tipo de bonificaciones públicas recaen las tradicionales dudas respecto de su impacto real, de su influencia material sobre la evolución del mercado de trabajo, tanto por el posible peso muerto como por el previsible efecto desplazamiento de las mismas.

Posible peso muerto por cuanto que los incentivos contemplados parece que en ocasiones no influyen con efectividad sobre la decisión empresarial de incremento neto del empleo en la empresa y en el mercado de trabajo, ya que tal decisión de contratación se adopta con carácter previo y atendiendo exclusivamente a las necesidades adicionales de mano de obra a resultas de un incremento de la demanda de sus productos o servicios por el mercado y, en sentido negativo, siendo irrelevante el hecho de que además por ello se obtenga una temporal bonificación en las cotizaciones sociales.

Ni siquiera las medidas parece que propicien la preferencia empresarial por la contratación indefinida, en cuanto que el compromiso que le viene a ser exigido de mantenimiento del empleo siempre es limitado en el tiempo, seis meses con las últimas medidas, manifestándose en los resultados estadísticos de forma recurrente que los contratos bonificados acaban siendo menos estables que los que se celebran sin tales incentivos.

Igualmente sobrevuela la incertidumbre acerca del posible efecto desplazamiento, en el sentido de que este tipo de medidas dan lugar a reiteradas sospechas de que están provocando un resultado meramente sustitutivo de unos demandantes de empleo por otros; por tanto, un efecto desincentivador de la contratación laboral de los grupos no incluidos dentro de los identificados como destinatarios de las medidas; por ejemplo, en esta ocasión, los riesgos de colocar en situación de mayor desventaja a aquellos jóvenes con mayor preparación profesional o que por ser más responsables mantienen los correspondientes esfuerzos formativos.

En todo caso, me interesa destacar sobre todo aquello que constituye la principal novedad presente en el último Real Decreto-Ley. Me refiero al dato de que se declare que los nuevos 300 euros de bonificación en las cotizaciones sociales resultan a todos los efectos compatibles y, por tanto, acumulables, al resto de las bonificaciones existentes en nuestro sistema de incentivos, incluida por tanto la tarifa plana de 100 euros, apareciendo precisamente tal regla por primera vez en nuestra ya dilatada experiencia de fomento del empleo vía las bonificaciones en las cotizaciones sociales. Un simple cálculo matemático de combinación de ambas cifras permite deducir que ello puede dar lugar a un saldo positivo a favor de la empresa, que la propia exposición de motivos del reciente Real Decreto-Ley se encarga de aclarar que a pesar de ello no habría reducción alguna en el beneficio empresarial: "cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses, la empresa no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación de ambos incentivos comporta un excedente a favor de la empresa o autónomo que ha contratado, dicho excedente se podrá aplicar para reducir la cotización de otro trabajador".

La gran duda que surge a estos efectos es hasta qué punto dicha fórmula es compatible con la normativa de la Unión Europea y, en particular, si la misma no incurre en una contravención de la prohibición de las ayudas de Estado a las empresas que distorsionan la competencia mercantil. En efecto, si con ello el resultado es que se está bonificando una contratación realizada en el pasado y esa ventaja económica adicional no se condiciona específicamente a un empeño empresarial añadido respecto del empleo, tal medida no se puede considerar como de fomento de empleo, sino mera subvención injustificada a la empresa, que como tal incurre en la prohibición general comunitaria de las ayudas de Estado prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La única lectura alternativa sería la de interpretar que en el fondo, desde el punto de vista material, la medida no está haciendo otra cosa que ocultar que el Gobierno con ello está haciendo frente con fondos públicos a parte del coste salarial del nuevo joven que se contrata. Pero, de ser así, aparte de existir una notable falta de transparencia, por ocultarse el objetivo real de la medida, ello sería difícilmente justificable de nuevo en la clave de respeto a la prohibición comunitaria a las ayudas de Estado que distorsionan la competencia mercantil. 

Publicado en Diario de Sevilla el 14 de julio de 2014

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