miércoles, 16 de julio de 2014

GIRO CUALITATIVO



El Tribunal Constitucional ya había avanzado algunos pronunciamientos sobre elementos puntuales de la reforma laboral de 2012, en especial sobre indemnizaciones y salarios de tramitación en los casos de despidos improcedentes. Sin embargo, la de ayer es la primera sentencia que se pronuncia sobre contenidos clave de dicha reforma, por los aspectos fundamentales que trata. Quedan otros asuntos pendientes, a resolver por el Tribunal cuando decida sobre el recurso presentado por la oposición, pero lo más relevante ha sido resuelto ya por esta sentencia y no resulta muy difícil adivinar lo que dirá al fallar este otro recurso.

Es un pronunciamiento que con contundencia y sin ambages avala contenidos centrales de la reforma desde la perspectiva constitucional: largo periodo de prueba en los contratos de trabajo en las pequeñas empresas, inaplicación no pactada de los convenios ante situaciones económicas sobrevenidas, así como preferencia aplicativa absoluta de los convenios de empresa frente a los de sector para materias centrales como son jornada y salario. En diversos ámbitos jurídicos y judiciales esta reforma ha provocado una intensa discusión, con fundadas dudas de constitucionalidad sobre algunas de sus novedades más importantes; sin embargo, la sentencia contiene un pronunciamiento claro, que de hecho zanja el debate. 

La sentencia requerirá un análisis pormenorizado de su contenido por parte de los especialistas, incluido el voto particular que contiene, pero cuando menos hay una primera valoración que se puede hacer ya de la misma: la sentencia implica una importante relectura interpretativa del alcance de ciertos preceptos constitucionales, de modo que supone un giro cualitativo respecto de lo que venía constituyendo la jurisprudencia constitucional sobre esta materia. En efecto, con este pronunciamiento pierde fuerza el criterio constitucional establecido hasta ahora por el propio Tribunal en torno a la necesaria causalidad en las extinciones empresariales del contrato de trabajo, como principio deducido del derecho constitucional al trabajo, ya que ahora avala la ruptura del contrato de trabajo durante un periodo de prueba de un año que se produce sin necesidad de alegar causa por parte del empleador. Igualmente con este fallo se debilita la interpretación que hasta el presente se había realizado igualmente por el Tribunal en relación con la eficacia vinculante de los convenios reconocida constitucionalmente, en la medida en que su cumplimiento y modificación no depende ya exclusivamente de la voluntad expresada por los negociadores que lo pactaron, cuando sentencias anteriores habían declarado la inconstitucionalidad de los arbitrajes obligatorios públicos que modificaban lo pactado en convenio; constitucionalidad sólo salvada por el Tribunal con carácter excepcional, cuando la reforma de 2012 no lo contempla así. La sentencia no se presentará formalmente como una corrección de la jurisprudencia constitucional dominante hasta ahora, pero materialmente esa es la novedad de fondo más importante. Naturalmente, los cambios en estos órganos siempre son ocultos y es difícil saber si se consolidarán, pero algunos indicios existen que hacen presumir que por ahí pueden ir los nuevos caminos a recorrer por el Tribunal.

En todo caso, más allá de la trascendencia de la sentencia desde la perspectiva jurídico constitucional, mayores dudas surgen respecto de su posible impacto práctico, pues podría suceder que en el desarrollo cotidiano de las relaciones laborales las consecuencias sean menores. De un lado, el contrato de trabajo con largo período de prueba en términos estadísticos ha tenido escasa acogida, aunque tampoco es descartable que a partir de ahora se incremente su número, con aumento con ello de la rotación laboral. De otro lado, el sistema de descuelgue del convenio no acordado en la práctica ha sido excepcional y, finalmente, hasta el presente el convenio sectorial ha conservado su fuerza a pesar de la preferencia aplicativa de los convenios de empresa impuesta por la reforma, aunque la presión a favor de la devaluación salarial persiste.


Publicado en el diario El País el 16 de julio de 2014

 

lunes, 14 de julio de 2014

A vueltas con las bonificaciones





El Gobierno acaba de aprobar nuevas medidas de incentivos a la contratación laboral, en esta ocasión dirigidas a incentivar el empleo juvenil de aquellos que superando los 25 años se encuentren desempleados y no han seguido cursos o actividades formativas en el último período. Una vez más, sobre este tipo de bonificaciones públicas recaen las tradicionales dudas respecto de su impacto real, de su influencia material sobre la evolución del mercado de trabajo, tanto por el posible peso muerto como por el previsible efecto desplazamiento de las mismas.

Posible peso muerto por cuanto que los incentivos contemplados parece que en ocasiones no influyen con efectividad sobre la decisión empresarial de incremento neto del empleo en la empresa y en el mercado de trabajo, ya que tal decisión de contratación se adopta con carácter previo y atendiendo exclusivamente a las necesidades adicionales de mano de obra a resultas de un incremento de la demanda de sus productos o servicios por el mercado y, en sentido negativo, siendo irrelevante el hecho de que además por ello se obtenga una temporal bonificación en las cotizaciones sociales.

Ni siquiera las medidas parece que propicien la preferencia empresarial por la contratación indefinida, en cuanto que el compromiso que le viene a ser exigido de mantenimiento del empleo siempre es limitado en el tiempo, seis meses con las últimas medidas, manifestándose en los resultados estadísticos de forma recurrente que los contratos bonificados acaban siendo menos estables que los que se celebran sin tales incentivos.

Igualmente sobrevuela la incertidumbre acerca del posible efecto desplazamiento, en el sentido de que este tipo de medidas dan lugar a reiteradas sospechas de que están provocando un resultado meramente sustitutivo de unos demandantes de empleo por otros; por tanto, un efecto desincentivador de la contratación laboral de los grupos no incluidos dentro de los identificados como destinatarios de las medidas; por ejemplo, en esta ocasión, los riesgos de colocar en situación de mayor desventaja a aquellos jóvenes con mayor preparación profesional o que por ser más responsables mantienen los correspondientes esfuerzos formativos.

En todo caso, me interesa destacar sobre todo aquello que constituye la principal novedad presente en el último Real Decreto-Ley. Me refiero al dato de que se declare que los nuevos 300 euros de bonificación en las cotizaciones sociales resultan a todos los efectos compatibles y, por tanto, acumulables, al resto de las bonificaciones existentes en nuestro sistema de incentivos, incluida por tanto la tarifa plana de 100 euros, apareciendo precisamente tal regla por primera vez en nuestra ya dilatada experiencia de fomento del empleo vía las bonificaciones en las cotizaciones sociales. Un simple cálculo matemático de combinación de ambas cifras permite deducir que ello puede dar lugar a un saldo positivo a favor de la empresa, que la propia exposición de motivos del reciente Real Decreto-Ley se encarga de aclarar que a pesar de ello no habría reducción alguna en el beneficio empresarial: "cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses, la empresa no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación de ambos incentivos comporta un excedente a favor de la empresa o autónomo que ha contratado, dicho excedente se podrá aplicar para reducir la cotización de otro trabajador".

La gran duda que surge a estos efectos es hasta qué punto dicha fórmula es compatible con la normativa de la Unión Europea y, en particular, si la misma no incurre en una contravención de la prohibición de las ayudas de Estado a las empresas que distorsionan la competencia mercantil. En efecto, si con ello el resultado es que se está bonificando una contratación realizada en el pasado y esa ventaja económica adicional no se condiciona específicamente a un empeño empresarial añadido respecto del empleo, tal medida no se puede considerar como de fomento de empleo, sino mera subvención injustificada a la empresa, que como tal incurre en la prohibición general comunitaria de las ayudas de Estado prevista en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La única lectura alternativa sería la de interpretar que en el fondo, desde el punto de vista material, la medida no está haciendo otra cosa que ocultar que el Gobierno con ello está haciendo frente con fondos públicos a parte del coste salarial del nuevo joven que se contrata. Pero, de ser así, aparte de existir una notable falta de transparencia, por ocultarse el objetivo real de la medida, ello sería difícilmente justificable de nuevo en la clave de respeto a la prohibición comunitaria a las ayudas de Estado que distorsionan la competencia mercantil. 

Publicado en Diario de Sevilla el 14 de julio de 2014