Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, una de las más importantes por su calado, y que ha pasado casi inadvertida, es la relativa a la reducción en dos puntos porcentuales de las cotizaciones a la Seguridad Social; reducción escalonada, uno para el presente año y otro para el año próximo. Por mucho que aparentemente se pretenda presentar como una medida adoptada en estos momentos de emergencia, a nadie se le escapa que la misma tendrá un carácter permanente e irreversible; de ahí que se trate de una reforma estructural.
Esta medida se justifica por el Gobierno con vistas a incentivar la creación de empleo, desde el instante en que provoca una clara e importante reducción de costes laborales, a la vista del peso que las cotizaciones representan en el conjunto del gasto por empleado.
Sin embargo, ello no puede mirarse sólo desde el punto de vista de sus efectos sobre las empresas, sino también desde la perspectiva de los ingresos de la Seguridad Social y correspondiente equilibrio de nuestro sistema de protección social. En términos cuantitativos, la reducción es muy elevada, de modo que cabe pensar que este recorte de ingresos va a provocar que resulte inviable afrontar los actuales y futuros costes del sistema de pensiones en nuestro país; imposibilidad de hacerlo si se mantiene el actual modelo de financiación de la Seguridad Social.
Uno de los pilares básicos del Pacto de Toledo, alcanzado y apoyado en el tiempo entre los partidos políticos y las organizaciones sindicales y empresariales desde hace ya casi dos décadas, se ha basado en la separación de fuentes de financiación del sistema. Dicho de otro modo, se han venido abordando sucesivas reformas con la pretensión de que las cotizaciones sociales basten para hacer frente al coste de las prestaciones contributivas, en especial de las pensiones contributivas, mientras que el brazo no contributivo del sistema iría a cargo del sistema impositivo. Pues bien, sin necesidad de efectuar grandes cálculos, la anunciada reducción en las cotizaciones con seguridad impedirá que con cargo a las mismas se abone el coste total de las prestaciones contributivas, más aún teniendo presente el ajustado equilibrio de ingresos y gastos en estos momentos, que incluso se está desbordando ya, surgiendo un preocupante déficit para el pago de las pensiones públicas.
Pero es más, de materializarse esa reducción en las cotizaciones, ello provocará un déficit estructural del sistema de Seguridad Social. Todo lo anterior conduce a la imperiosa necesidad de romper con el estricto principio de separación de fuentes. En otros términos, ello nos aboca a tener que cambiar el modelo, alterar ese principio de partida del Pacto de Toledo, para asumir que el sistema de pensiones públicas sólo es sostenible en el tiempo, en la medida en que las pensiones contributivas se abonen no sólo con las cotizaciones sociales, sino también con cargo a impuestos. En concreto, que el porcentaje de reducción de cotizaciones venga compensado por el correspondiente incremento de la aportación del Estado para sostener el sistema de pensiones con cargo a los ingresos derivados del IVA. No se trataría de otra cosa que incorporar a nuestro sistema lo que constituye actualmente el modelo alemán en esta materia, tras una reforma hace algunos años que ha dado buenos resultados. La alternativa, a nuestro juicio, sería rechazable dentro de nuestro modelo constitucional de Estado social de derecho: un drástico recorte de los niveles de protección vía la rebaja del sistema de pensiones públicas de todo punto dañino para la cohesión social.
Pero es más, de materializarse esa reducción en las cotizaciones, ello provocará un déficit estructural del sistema de Seguridad Social. Todo lo anterior conduce a la imperiosa necesidad de romper con el estricto principio de separación de fuentes. En otros términos, ello nos aboca a tener que cambiar el modelo, alterar ese principio de partida del Pacto de Toledo, para asumir que el sistema de pensiones públicas sólo es sostenible en el tiempo, en la medida en que las pensiones contributivas se abonen no sólo con las cotizaciones sociales, sino también con cargo a impuestos. En concreto, que el porcentaje de reducción de cotizaciones venga compensado por el correspondiente incremento de la aportación del Estado para sostener el sistema de pensiones con cargo a los ingresos derivados del IVA. No se trataría de otra cosa que incorporar a nuestro sistema lo que constituye actualmente el modelo alemán en esta materia, tras una reforma hace algunos años que ha dado buenos resultados. La alternativa, a nuestro juicio, sería rechazable dentro de nuestro modelo constitucional de Estado social de derecho: un drástico recorte de los niveles de protección vía la rebaja del sistema de pensiones públicas de todo punto dañino para la cohesión social.
Publicado en el diario El País el sábado 14 de julio de 2012
